Autoridades colombianas y estadounidenses firman el acuerdo que autoriza a EE.UU. a utilizar bases colombianas

Colombia y Estados Unidos firmaron ayer un acuerdo de cooperación que facilitará el acceso a los soldados y asesores estadounidenses a por lo menos siete bases militares colombianas, el cual ha desatado las críticas de Bolivia, Ecuador y Venezuela.

El documento fue suscrito en un acto privado por el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield.

Los soldados de EE.UU. apostados en Colombia no superarán los 800 y los contratistas los 600, número que fue autorizado en el año 2000 con la firma del Plan Colombia, estrategia de lucha antidrogas que luego se amplió a la guerra contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“El objetivo de este acuerdo no es aumentar el número de personal militar de Estados Unidos”, dijo Bermúdez.

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El canciller señaló que la cifra de estadounidenses en Colombia no llega hoy en día a los 220 militares y 400 contratistas, y por el contrario se espera que ese número se continúe reduciendo, porque el convenio trata sobre todo de asuntos de cooperación técnica.

“No vamos a ver un número inusitado de personal militar norteamericano, ni aviones norteamericanos en exceso. No va a haber personal de combate con carácter ofensivo de Estados Unidos”, agregó.

La base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia, para la cual el Congreso de EE.UU. aprobó 46 millones de dólares para su adecuación, será el eje del total de siete instalaciones a las que los militares estadounidenses tendrán acceso, según detalles del acuerdo anticipado por ambos gobiernos en semanas pasadas.

Las unidades militares contempladas son las bases del Ejército en Larandia (sur, departamento de Caquetá) y Tolemaida (centro, Cundinamarca y Tolima); las aéreas de Malambo (norte, Atlántico), Palanquero (centro, Cundinamarca) y Apiay (sur, Meta), así como en las navales de Cartagena (norte) y Málaga, en el Pacífico.

Sin embargo, el documento establece que los estadounidenses podrán utilizar las unidades que requieran para las actividades contra el narcotráfico y el terrorismo, previstas en este acuerdo, con vigencia de diez años renovables.

Bermúdez subrayó que las operaciones que se realicen en conjunto estarán restringidas al territorio colombiano y que el acuerdo será público porque “Colombia no tiene ningún problema en que se conozcan los detalles”.

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