El narcotráfico no es sólo un problema de seguridad, sino de institucionalidad y salud democrática. Y mientras los gobiernos enfoquen su lucha únicamente en el primer aspecto, seguirán fracasando.

Los millones y los años invertidos en contra de la violencia de los cárteles de la droga en Bolivia, Perú, Colombia y México han desembocado en más víctimas, más hectáreas de coca cultivada y mayor diversificación del crimen organizado. A mayores esfuerzos, menos logros, parece ser la constante.

Aunque la extradición de otros seis narcos colombianos a los EE.UU. esta semana, puede dar la impresión de ser una medida efectiva, ante todo evidencia una cultura latinoamericana con baja rigurosidad judicial y alta impunidad, causa y consecuencia de la fragilidad de las democracias.

El problema no es de producción o consumo de drogas, de oferta o demanda, sino de corrupción que genera el crimen organizado, infiltrando a las instituciones democráticas, especialmente a congresos y campañas electorales. La soluciones no pueden ser tan simplistas, como la de despenalizar las drogas para arruinarles el negocio económico a los narcos, como sostienen los ex presidentes César Gaviria, Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo.

Cuando Pablo Escobar despuntó como capo y diputado a la misma vez en Colombia, quedó demostrado que el narcotráfico necesita del poder político para consolidar su éxito económico y mantener su impunidad. Desde entonces, fue evidente que pocos gobiernos y campañas políticas quedaron libres del doping que genera el dinero fácil.

El tema recobró actualidad esta semana en República Dominicana. La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción denunció que unos 60 nominados a diputados estarían manchados por el narcotráfico. En México, en las elecciones legislativas de julio pasado, 16 candidatos a diputados federales coludidos con el narcotráfico, disputaron un puesto en el congreso, donde algunos de ellos, catapultados por partidos tradicionales como el PRI, PAN y PRD, pueden ahora bregar por leyes más benignas y gozar de tres años de inmunidad parlamentaria.

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En México no sólo asumieron legisladores, sino varios alcaldes y otros funcionarios electos en estados más afectados por las drogas, donde el apoyo, votos y protección de los narcos se pagan con puestos claves en las instituciones y en las filas policiales. Cada vez más cerca de la Colombia de los años ochenta, México no sólo asombra por las 14,000 víctimas directas del narcotráfico, sino por curiosidades espeluznantes. En Tamaulipas varios candidatos a diputados publicaron desplegados contra colegas acusándolos de usar dineros del crimen. En Michoacán el narcotraficante más temido, Servando “La Tuta” Gómez, líder del sanguinario cártel “La Familia”, ofreció por la radio un pacto de no agresión al presidente Felipe Calderón, quien varias veces lamentó que “esas plagas” (narcos) se escudan en “la complicidad que los cubre” (políticos).

Lo mayor sorpresa es que las instituciones estén reaccionando con una tardanza de décadas para combatir la infiltración del narcotráfico y para hacer autocrítica, una ingenuidad inexcusable después de haber dictado tantas normas para combatir la producción, el tránsito y consumo de drogas. Recién ahora, la Junta Central Electoral en Santo Domingo propuso a los partidos que exijan certificados de antecedentes penales a sus candidatos, algo tan elemental que tampoco se exige en Perú, donde en estos meses los partidos y el Congreso acordaron crear comisiones para investigar los nexos del narcotráfico con el poder político, luego de que fuera capturado con 140 kilos de cocaína un ex asesor de Nancy Obregón, diputada y ex dirigente cocalera.

En Colombia, el lema pareciera ser mejor tarde que nunca. Siendo un país donde se investigó a presidentes y legisladores por sus nexos con los cárteles, es extraño que hasta esta semana los congresistas empezaran a discutir un nuevo estatuto electoral con obligaciones para transparentar las finanzas de los partidos políticos y sanciones para quienes estén infiltrados por dineros ilícitos.

El narcotráfico ha prosperado por la debilidad de las instituciones, por lo que más que combatir la violencia, primero debieran crearse sistemas antidoping o anticorrupción para evitar la implosión de las democracias. Las herramientas son muchas y están ahí. Sólo basta que los gobiernos cumplan y revisen de tanto en tanto la Convención Interamericana contra la Corrupción que con tanta fanfarria adoptaron en 2002. Info@ricardotrotti.com

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