Si hay una persona en Honduras que hoy en día es más despreciada que el depuesto presidente Manuel Zelaya, ésa es un extranjero de nombre Hugo. No nos referimos al dictador venezolano Hugo Chávez, sino al embajador estadounidense Hugo Llorens.

Muchos hondureños, incluyendo —dicen los rumores— al presidente Roberto Micheletti, consideran a Llorens como el artífice de una política estadounidense que le ha causado un daño enorme al país. Es muy probable que el acuerdo firmado en las últimas horas del jueves entre el gobierno interino y Zelaya ponga fin a ese sufrimiento. Por fin, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos acordaron dar un paso al costado y permitir que sean las instituciones hondureñas las que decidan si Zelaya debe ser restituido. Sin la intromisión internacional, es muy probable que Zelaya pierda otra vez la Presidencia.

Aún así, los retos continúan, empezando por el hecho de que aunque EE.UU. dijo que ya no iba a intervenir en los asuntos hondureños, hay vicios difíciles de dejar.

Al referirse a la intención de Zelaya de regresar al poder, Thomas Shannon, el subsecretario del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, dijo la semana pasada que “ése es el tema más provocativo y uno que revisaremos de cerca”.

La necesidad de dictarle a Honduras cómo dirigir su país ha sido un problema desde el principio. En el momento en que la Corte Suprema de Honduras ordenó el arresto de Zelaya en junio por organizar una violenta manifestación e intentar pasar por encima de la Constitución, Llorens se ungió como un virrey colonial a cargo de imponer la voluntad de EE.UU. Muchos locos izquierdistas lanza bombas molotov se pusieron del lado de Zelaya. Pero Llorens determinó la posición de EE.UU., a favor de la legitimidad del ex Presidente errático. El embajador estadounidense utilizó cada arma que tuvo a su alcance para tratar de forzar al país a restaurar a Zelaya en el poder.

Esto violó la soberanía hondureña. Sin embargo, el jefe de Llorens en EE.UU., Barack Obama, parece más interesado en apaciguar a los enemigos de EE.UU. que en apoyar a los amigos, o incluso cumplir su palabra de no intervenir en los asuntos de otros países. Chávez y Fidel Castro apoyaban a Zelaya y, aparentemente, Obama quería formar parte del clan.

Es obvio que nadie en Washington esperaba que fuera tan difícil quebrar la voluntad de los hondureños. El esfuerzo se hizo más embarazoso cuando los zelayistas armaron una campaña de terror, que incluyó el secuestro y el asesinato de autoridades hondureñas y sus parientes. En dos semanas se registraron al menos tres de esos incidentes. Los terroristas también sabotearon la red eléctrica del país. Para evitar un conflicto aún mayor, EE.UU. envió una delegación para alcanzar el acuerdo del jueves.

La interpretación que se la ha dado al acuerdo es que Zelaya regresará al poder. Pero será el Congreso hondureño el que lo decida, tras evaluar las opiniones de la Corte Suprema, el fiscal general y otros expertos legales. Puesto que la Corte Suprema y el Congreso echaron a Zelaya, esto es positivo. De todos modos, si la Corte Suprema, que tiene el poder legal, se mantiene firme y el Congreso respalda el regreso de Zelaya a la Presidencia, habrá una crisis constitucional.

Dicho escenario no es imposible, dada la legendaria reputación de Zelaya de comprar votos. En mayo, el alcalde de Tegucigalpa denunció públicamente un intento del gobierno de Zelaya de pagarle US$$15 millones para apoyar un referéndum para reformar la Constitución. Chávez también tiene dinero, al igual que las organizaciones narcoterroristas de la región, como las FARC de Colombia y las numerosas pandillas centroamericanas. Estos grupos son notorios por infiltrar instituciones. Honduras no es inmune.

De todos modos, es probable que el gobierno interino decidiera asumir el reto porque cree que la Corte Suprema y el Congreso, que en su momento votaron ampliamente a favor de sacar a Zelaya del poder, se mantendrán firmes. A cambio de ese riesgo, obtiene la validación de EE.UU. y la OEA de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre.

Además, no habrá amnistía para Zelaya, quien ya tiene más de una decena de órdenes de arresto en su contra y cuando salga de la Eembajada brasileña se espera que sea detenido. El acuerdo también especifica que no habrá ninguna asamblea constituyente para reformar la Constitución y eliminar los límites a los mandatos presidenciales.

Autoridades estadounidenses no identificadas han declarado a la prensa que Zelaya probablemente regresará, lo que intensifica la presión sobre el Congreso hondureño. Por su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha hablado de regresar a Honduras para involucrar al organismo en la decisión del Congreso. No obstante, Shannon me reiteró ayer que EE.UU. ahora cree que éste es un tema que las instituciones hondureñas deben resolver y rechazó tajantemente un informe de ayer en el diario El País que asegura que el funcionario estaba haciendo lobby para sumar votos para apoyar el regreso de Zelaya.

Al firmar este acuerdo, Honduras ayudó a que Obama y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, no salieran mal parados. A cambio, Clinton debería decirle a Insulza que se mantenga alejado de Honduras y sus asuntos. También debería decirles a las autoridades estadounidenses que dejen de circular rumores en favor de Zelaya. Y, de paso, debería buscarle un nuevo destino a Llorens. La Habana podría ser el apropiado. Llorens sería recibido como un héroe por los Castro y desde allá podría mantener fácilmente su amistad con Zelaya. O'Grady@wsj.com

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