Avalan toma de La Chureca

La Cooperación Española en Nicaragua ya avaló el procedimiento anómalo de expropiación de unas 146 manzanas de tierra, donde actualmente funciona el vertedero municipal.

 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) había estado trabajando en estudios y en la documentación necesaria para la ejecución de unos 30 millones de euros en obras de desarrollo en el barrio Acahualinca. Sin embargo, no habían ejecutado ningún cambio en el área en litigio hasta hace algunos días, cuando, junto a trabajadores de la Alcaldía de Managua, la empresa española Tragsa entró en el terreno.

 

Aunque aún no dan ninguna información oficial, la Aecid ha publicado en varias notas de prensa que la empresa pública Tragsa es la encargada de ejecutar los componentes del programa que contempla la construcción de 225 viviendas, la creación de una planta procesadora de desechos inorgánicos y otra procesadora de desechos orgánicos en el vertedero municipal de la capital, así como varios proyectos de desarrollo en más de 12 barrios del Distrito Dos.

 

Tragsa, incluso, había realizado más de diez estudios previo al trabajo de campo.

 

Pese a las obras en el terreno, que por el momento consisten básicamente en la remoción de tierra, la familia Martínez —dueña de la propiedad—, solicitó el retiro de los trabajadores.

 

“Exigimos que ese proyecto se detenga, hasta que no lleguemos a acuerdos con la Alcaldía de Managua. Esa propiedad a la que entraron no es de una persona, es de una sucesión”, dijo Gabriel Martínez Páez, portavoz de la familia afectada.

 

Martínez insistió en que las negociaciones entre la Alcaldía de Managua y uno de los propietarios, Carlos Martínez Castrillo, son “ilegales”.

 

 

Hace una semana, Martínez Castrillo entregó a la municipalidad las llaves de una propiedad cercana a 15 manzanas, de las 146 en litigio, como símbolo de que la Alcaldía de Managua ya es dueña del área.

 

A cambio, Martínez Castrillo recibiría 100 mil dólares en efectivo, en concepto de mejoras a la propiedad que entregó. Eso es adicional al porcentaje que le tocaría como indemnización por el terreno, que en total se calcula en un poco más de 39 millones de córdobas.

 

La municipalidad prometió entregar los 39 millones en efectivo, pero la familia Martínez está pidiendo otra cifra “más justa”, insistieron.

 

Ver en la versión impresa las páginas: 4 A