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Managua, 07 de junio, 2011
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Reformas a Código solo para avanzar

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  • Sigue polémica

La delincuencia juvenil no es la predominante, asegura la defensora de la niñez Norma Moreno.
LA PRENSA/ ARCHIVO

Por Elizabeth Romero, Juan Tijerino y Ramón Potosme

 

Organizaciones que trabajan con la niñez coincidieron ayer que los esfuerzos para reformar el controversial Código de la Niñez y la Adolescencia deben estar encaminados a la integración en la sociedad a los jóvenes transgresores de la ley y no para aumentar medidas punitivas.

 

Adilia Amaya, de la Codeni, dijo que están a favor de que se abra diálogo, pero que este debe ser para “avanzar”. Es decir, para ver lo que como sociedad no se ha hecho para evitar que los jóvenes sigan cayendo en situaciones de riesgo.

 

“No decimos no, porque no, sino que estamos abiertos para avanzar en lo que todavía no se ha hecho como sociedad, nuestra propuesta y estamos claros que siempre que suceden hechos así, siempre hay un imaginario que reclama por lo punitivo, por endurecer las penas, y no por un imaginario que se pregunta ¿por qué pasó esto? Hace falta más inversión social , avanzar en lo que dice el Código”, indicó Amaya.

 

Para Amaya, de nada serviría que se aumenten los años de pena a los adolescentes que infringen la ley, si no hay la infraestructura adecuada donde ubicarlos, por lo que reiteró que lo mejor sería trabajar para mantener un sistema de rehabilitación especial como mandata el Código de la Niñez aprobado en 1998

 

NO ES GARANTÍA DE REDUCIR DELITOS

 

 

“Ninguna política de mano dura o de aumento de penas o reducir la edad, es garantía de mayor seguridad ciudadana o de que se reduzcan los índices delictivos, por parte de adolescentes a personas adultas”, consideró la procuradora especial de la Niñez, Norma Moreno.

 

La defensora de la Niñez aconsejó a los sectores que optan por una posible reforma del Código de la Niñez a tomar en cuenta el principio del interés superior del niño y la niña que aborda la convención sobre los derechos de ese sector que es constitucional y que establece que todas las medidas que tomen las diferentes instituciones del Estado y poderes del Estado debe ser para el beneficio de estos.

 

Moreno recordó que menos del 11 por ciento de los delitos son cometidos por menores de edad.

 

Mientras el magistrado de facto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armengol Cuadra y la magistrada Yadira Centeno, también coincidieron con los argumentos de de Amaya y Moreno.

 

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