La primera comisionada Aminta Granera se sumará a los otros funcionarios de facto en el país.

LA PRENSA/Miguel Lorio

“Aminta ha hecho una buena labor al frente de la Policía Nacional y continuará, junto con todo su mando”, fue la frase del presidente Daniel Ortega durante el acto partidario del FSLN el pasado 19 de julio.

Para muchos, esa aseveración de Ortega representa la confirmación oficial de arrastrar a la primera comisionada Aminta Granera a la corriente de la ilegalidad que el mandatario promueve en el país.

Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, las palabras de Ortega son “un anuncio fatídico”. Sin embargo, Núñez prefiere pensar que Granera “va a ser fiel a su promesa de cumplir con la ley. Y ella sabe de que la ley no le autoriza aceptar una prolongación de su período”.

Pero ayer por la tarde el vocero de la Policía Nacional, comisionado mayor Fernando Borge, comunicó que la Policía se somete a la autoridad de Ortega.

“Sobre la permanencia de la primera comisionada Aminta Granera, en el cargo de directora general de la Policía Nacional, queremos decir que de acuerdo a la Constitución Política, el presidente de la República y jefe supremo de la Policía, tiene la facultad de decidir el nombramiento del director o directora de la Policía Nacional; queremos recordar que la Policía Nacional constitucionalmente está sometida a la autoridad civil que ejerce el presidente de la República”, fue la versión que reiteró a toda pregunta el vocero policial.

El artículo 88, inciso 1, de la sección VIII Nombramientos, permanencia y bajas de la Ley 228, Ley Orgánica de la Policía Nacional, establece que “el Director General tendrá una permanencia de cinco (5) años en el cargo y concluido este período pasará a retiro, el nuevo Director General recibirá el cargo en acto solemne”.

En un comunicado, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), hizo alusión al mismo inciso. “Por tanto, el presidente Ortega no podría actuar fuera del marco de lo que establece la ley”, señala esta institución en su comunicado.

GRANERA NO PODRÍA ALEGAR INSUBORDINACIÓN

“Nosotros no quisiéramos pensar de que (Granera) se va a ver envuelta en la comisión de una ilegalidad. Aquí no puede alegarse ya en este caso obediencia debida, no puede tener temor de que la acuse de insubordinación o de cualquier otra cosa”, dijo Núñez.

Al tratar de conocer la apreciación de Borge, sobre los señalamientos de que es ilegal la permanencia de Granera, este evadió la misma. “Eso es todo lo que tenemos que comentar al respecto”, dijo Borge.

Para Núñez, la decisión de Ortega puede tener como propósito destruir el prestigio que ha acumulado la jefa policial. “Y porque (Ortega) tiene miedo que se desarrollen en Nicaragua figuras que puedan en un futuro hacerle competencia”, aseguró la defensora de derechos humanos.

Según la misma Ley 228, Granera debe entregar el bastón de mando a su sucesor el próximo 5 de septiembre, durante el aniversario de la institución policial.

Aunque hay fuentes que indican que desde diciembre pasado Ortega preparó la permanencia de la actual jefatura policial, con las reformas al reglamento de la Ley 228.

Sin embargo, Núñez aclaró que “un reglamento nunca puede sobrepasar a la ley, definitivamente eso sería antijurídico”. El reglamento sirve para explicar la aplicación de una norma legal, dijo la presidenta del Cenidh.

PRESIDENTE DEL COSEP PREFIERE CALLARSE

José Adán Aguerri, presidente del Cosep, prefirió no opinar sobre el tema, pues a su criterio no está definido todavía si esto pasará, pero destacó que el sector privado está satisfecho con el trabajo de Granera.

Aparentemente desde el domingo pasado, Granera fue informada de la decisión de Ortega. La posición de Granera habría sido de que junto a ella permanezca el resto de oficiales que integran la jefatura policial.

Supuestamente la pareja presidencial optó por mantener en el cargo a Granera por la obediencia demostrada durante los múltiples incidentes presentados y por las intrigas de los tres comisionados generales nombrados por Ortega, que nunca escondieron su interés por llegar a tener el bastón de mando.

El funcionario del IEEPP, Roberto Orozco, señaló que esto causará estancamiento en el escalafón de mando de la institución. “Lo que se estaría haciendo es un atraso en el relevo generacional que tiene que darse en la Policía Nacional porque la estructura de la Policía es piramidal”, dijo Orozco.

Al no tener probabilidades de ascenso, muchos comisionados mayores tendrán que pasar a retiro y esto provocará presión económica a la institución, opinó Orozco.

(Con la colaboración de Gisella Canales).

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