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Managua, 29 de febrero, 2012
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Reportajes

Viven de esperanza

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  • Miles de exempleados públicos siguen a la espera de que algún día el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega les pague sus prestaciones laborales

Como Norma Elena Mora, miles de despedidos de instituciones del Estado se aferran a las sentencias emitidas por las instancias judiciales. LA PRENSA/O. NAVARRETE

 

 

 

Elízabeth Romero

 

 

En casi tres años de espera porque se le haga justicia en su demanda de indemnización, lo que Norma Elena Mora ha logrado coleccionar es la correspondencia escrita dirigida a funcionarios públicos, copias de acciones administrativas y judiciales efectuadas. Sigue sin respuesta y sin dinero.

 

Desde octubre de 2010, la juez primero del Trabajo, Hadyeri Vindel, ordenó su reintegro al puesto de trabajo como asistente de auditoría interna de la Dirección General de Ingresos (DGI), donde se desempeñó durante nueve años. Incluía el pago de salarios caídos.

 

En total le debieron pagar a Mora, desde esa fecha, 236 mil córdobas. Pero no hay autoridad del autonombrado “gobierno de los pobres” que acate la resolución.

 

Ella integra ese bolsón de más de 23 mil empleados públicos que desde 2007 fueron barridos laboralmente por el gobierno de Daniel Ortega. De ese total, una parte recibió un porcentaje de lo que le correspondía en cuotas establecidas por el mismo Gobierno.

 

El secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), Álvaro Leiva Sánchez, dice que no cuentan con una cifra oficial de cuántos han sido pagados a medias. El año pasado, a través del acuerdo presidencial 190-2011, el presidente inconstitucional Daniel Ortega ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que el Estado pague 79,746,000 córdobas a favor de extrabajadores de las diferentes instituciones despedidos desde su regreso al poder en el 2007.

 

LEY, “UNA UTOPÍA”

 

Igual que Mora, los ahora desempleados solo recibieron la carta de despido.

 

“Si no tenés la afinidad al partido de gobierno definitivamente no te garantizan la estabilidad laboral y los que han sido despedidos es porque no se sujetan a las líneas erradas partidarias de participar en las diferentes actividades del actual Gobierno”, refiere Leiva Sánchez. Apuntó el sindicalista que él también corrió igual suerte en el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), el cual, en la administración ilegítima de Ortega “ha mantenido una constante violación a los derechos laborales, constitucionales y humanos de los servidores públicos del Estado de Nicaragua”.

 

Y califica de “caos” la situación actual que enfrenta el sector debido a las arbitrariedades que enfrentan los servidores públicos, pues no hay respeto a los convenios colectivos y tampoco a la Ley 476, Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa, creada para garantizar la estabilidad y el servicio público de los trabajadores que son recursos del Estado y no del partido de turno.

 

“Es preocupante porque nos indica que el servicio público y la carrera administrativa en el país ha quedado como una ley mojada y ha quedado como una utopía”, sostuvo Leiva Sánchez.

 

 

 

El año pasado un grupo de despedidos del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) debió recurrir a la huelga de hambre como medida de presión. No obtuvieron respuesta. LA PRENSA/ARCHIVO

 

La Fedetrasep acompañó a los primeros desempleados que recurrieron a la Corte Centroamericana de Justicia, pues ya agotaron las vías judiciales a nivel interno.

 

Leiva Sánchez dijo que la Corte Centroamericana tiene competencia para conocer el tema de desacatos de sentencias judiciales, que ya sobrepasan las 400.

 

Luisa Amanda Morales se vio obligada a renunciar en la delegación de la Administración de Rentas de Somoto. “Fue un despido indirecto”, aclara Morales, pues era víctima de maltrato y al denunciar supuestas anomalías su responsable inmediato la bajó de cargo. Morales pasó de jefa del área de fiscalización a la ventanilla de la Aduana El Espino, un cargo inferior. Desde el 31 de marzo de 2009, ella espera el pago de sus prestaciones y a la fecha ha incurrido en los gastos que implica el transporte a Managua y el pago de abogados para pelear por su derecho. Los tribunales de apelaciones de Estelí fallaron a su favor, pero nadie la escucha. El caso de Morales también fue remitido a la Corte Centroamericana de Justicia.

 

NI CON HUELGA

 

Para todos los extrabajadores del sector público, la espera por el pago de las prestaciones laborales les ha costado tiempo, dinero y para algunos plantones y hasta huelgas de hambre, como lo hicieron el año pasado varios dirigentes sindicales del MTI. Durante tres meses, David José Elías Vargas permaneció junto a sus compañeros despedidos apostado frente a las instalaciones del MTI, en reclamo de sus derechos. Él permaneció de apoyo de los que permanecían en huelga de hambre. Elías fue despedido, pese a contar con fuero sindical. Y aunque hubo sentencia firme a su favor, aún así el MTI se niega a restituirles sus derechos establecidos en el convenio colectivo de garantizarles el salario mientras dure su demanda laboral.

 

“A veces la pasamos difícil porque no hay trabajo”, dijo Elías, quien refirió que solo ha encontrado empleos temporales. Y cuando trata de buscar trabajo, el MTI da malas referencias suyas. Y esto es porque según

 

Elías, para despedirlo aprovecharon una licitación que él rechazó por incumplimiento del oferente, pero el MIT le argumentó “que estaba pidiendo coimas sobre una compra”. El Estado le adeuda a Elías unos 980 mil córdobas, sin embargo, en su caso aún no tiene sentencia.

 

En los próximos días impulsarán otras acciones ante organismos internacionales para dejar claro que en Nicaragua no hay respeto a los derechos de la clase trabajadora y en mayor incidencia en los servidores públicos.

 

“Nos vamos a seguir denunciando, demandando a fin de que se garantice por el gobierno de turno, el respeto y tutela de los derechos laborales como obligación constitucional”, dijo.

 

Los exservidores públicos lamentan que las prioridades de Ortega sean hacia afuera, como en el caso de destinar parte de las reservas del Banco Central de Nicaragua para la creación del Banco del Alba y no para cancelar derechos de Ley de extrabajadores públicos que, en algún momento, prestaron servicio al Estado.

 

 

 

Comentarios | 2

2012

Feb 29

04:31 a.m

hb dice:

Y este Dictador Ortega No es Pues el Presidente de los Pobres..... como se llena las tap.... diciendo que trabaja para los pobres y en realidad es todo lo contrario................ Pero realmente creo que el (Daniel Ortega) no tiene la culpa...... Los culpables son un monton de delincuentes que le suiguen y le hacen el juego.-

2012

Feb 29

03:00 a.m

chela dice:

Necesitan pagar a todos los funcionarios diplomaticos q corrieron sin ninguna excusa mas q la de no pertenecer a gobierno de los chamucos sin respetar el escalafon diplomatico y q hasta ahora no nos han pagado y ellos nos pasaron a la casual siendo personas profecionales con un largo entranamiento profecional y mandaron al exterior gente ignorante q no sabian nada mucho menos de diplomacia y llegaron a otros paises a ponernos en verguenza sin nisiquiera saber el idioma de ese pais y solo a robar

 

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