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MIéRCOLES 26 DE JULIO DEL 2000 / EDICION No. 22081 / ACTUALIZADA 11:00 pm
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Impiden embargo en Alcaldía de Ticuantepe

.Jueza asegura que la Alcaldía debe pagar más de 300,000 córdobas
.Alcalde de Ticuantepe asegura que se trata de una maniobra política

JUAN IGNACIO ROSALES
juanignacio.rosales@laprensa.com.ni

Unos 40 pobladores impidieron que la jueza de Ticuantepe, Suyén Plazaola, realizara un embargo de bienes de la Alcaldía, que a juicio del edil ticuantepino “se trata de una maniobra política del Partido Liberal Constitucionalista (PLC)”.

El alcalde explicó que hace dos años y dos meses se tomó la Alcaldía un grupo de empleados y la población los sacó. Todos fueron despedidos de acuerdo con el artículo 45 del Código del Trabajo y el dinero de sus liquidaciones está consignado en el juzgado local de Ticuantepe.

“Ahora viene la jueza a querer embargar la Alcaldía. Esta parcialidad con esas personas, más que todo es política. La jueza hace y deshace con las leyes, hemos puesto quejas a la Corte Suprema de Justicia y el pueblo dice que si no se toman medidas contra esta jueza, el mismo pueblo está decidido a sacarla”, subrayó Morales.

Por otra parte, el edil aseguró que las personas despedidas hace dos años y dos meses, entre los que están Guadalupe González, Juan Carlos Ramos, Moisés Martínez, Ismael Duarte, Norman Umaña, Ricardo Selva y Manuel Martínez, quienes según él son candidatos del Partido Liberal Constitucionalista, son las que están promoviendo el embargo.

La jueza manifestó que “el despido de los trabajadores fue ilegal porque se hizo sin el permiso del Ministerio del Trabajo. La sentencia fue a favor de los trabajadores, el alcalde apeló al Tribunal de Apelaciones y confirmó la sentencia del Juzgado que ordenaba el reintegro de los trabajadores y el pago de los salarios caídos”.

La jueza dijo que el reintegro debió ser efectivo desde noviembre del año pasado y a la fecha no los han reintegrado. “El alcalde está desacatando al tribunal de apelaciones de Managua”, afirmó.

La jueza de Ticuantepe aseguró que la Ley 40 (Ley de Municipios) establece que los bienes de la Alcaldía pueden ser embargados siempre y cuando no sean del uso comunal.  
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