La asonada jurídica del Frente Sandinista
Emilio Alvarez Montalván
eignacio@ibw.com.ni
Al negarse el FSLN a acatar las resoluciones del Consejo Supremo Electoral, le quedan tres alternativas: a) Rectificar lisa y llanamente retirando los recursos interpuestos; b) Aceptar un acomodo con el CSE que le salve la cara, a través de una sesión donde exprese sus disentimientos y terminen confirnando la voluntad de la mayoría; o bien, c) Proseguir con su “asonada jurídica” para presionar al CSE, pues repetir revueltas callejeras sería riesgoso para el liderato de Ortega, si el gobierno no se deja chantajear y se mantiene firme.
La alternativa de buscar a través de un procedimiento burocrático la incorporación plena de los tres magistrados sandinistas al CSE sería para el país muy ventajoso pues no podemos seguir con episodios de incertidumbre jurídica o asonadas violentas. En cambio hacer un arreglo extra legal, como sería cambiar el número de curules asignados a cada partido sería volver a los errores de nuestra cultura política, en que todo es negociable, incluso el resultado de los comicios.
Por otra parte, la paralización de la justicia electoral que persigue el FSLN confirmaría la impresión de que ese partido no ha cambiado en el empleo de instrumentos de lucha que desestabilizan al Estado, y dependerá de dos elementos: 1) que la reciente reorganización interna de la Sala de los Constitucional de la CSJ impida la formación de quórum (que ahora es de 6 sobre 9) como pasó en el CSE y consecuentemente no logren emisión de sentencia que anule la tomada por el Segundo Tribunal de Apelaciones de Managua, que ordenó irresponsablemente la suspensión del acto, la cual en aquél caso quedaría firme.
Por lo demás, la paralización de la justicia electoral que persigue el FSLN como instrumento de lucha, dependerá de dos elementos 1) Que la reciente reorganización interna de la Sala Constitucional de la CSJ, acordada como condición previa a la elección del último magistrado de la CSJ impida la formación de quórum (como pasó en el CSE) y consecuentemente la emisión de la sentencia que anule la tomada por el segundo tribunal de apelaciones de Managua, que pretende supuestamente la suspensión del acto y apenas firmada hasta ahora por sólo dos magistrados.
No obstante, el elemento disuasivo de todas esas maniobras es que las diferentes organizaciones de la sociedad civil se pronuncien como lo ha hecho el Cosep confirmando lo resuelto por el CSE negando legitimidad a cualquier arreglo que contradiga lo resuelto por aquel tribunal.
Dentro de ese contexto la OEA debe desempeñar su papel de avalador calificado del proceso electoral asegurando la legitimidad de lo acordado por el CSE el 21 de noviembre producida por un quórum preestablecido. Tal pronunciamiento transformaría a la OEA de un “convidado de piedra” a un protector de la transición democrática nicaragüense. Nuestra situación es distinta del Perú, cuando la OEA envió una comisión mediadora, porque en Nicaragua el proceso comicial fue transparente y ha terminado.
¿Qué persigue entonces el secretario general del FSLN al desconocer al CSE, enfrascándose en una batalla jurídica perdedora? Creo que es un intento desesperado de Ortega para hacerse el indispensable, evitando que su partido le pase la cuenta por su fracaso electoral. Más aún, Daniel Ortega a lo mejor busca, al tratar de obstruir la toma de posesión del nuevo gobierno, despertar la atención del ingeniero Bolaños para que lleguen a una “entente” con nuevos elementos de dame que te doy, dejando al margen al Dr. Alemán. A ese tipo de insinuaciones el nuevo gobernante no le ha prestado la menor atención.
El autor es analista político. 
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