Niegan excarcelación a mexicano
Janelys Carrillo Barrios
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que el ex alcalde del Distrito Federal de México Oscar Espinosa Villarreal, deberá permanecer en las cárceles de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC), de la Policía Nacional, porque aún no se ha vencido el término para que México envíe la solicitud definitiva de arresto a las autoridades judiciales de Nicaragua.
“No ha lugar al requerimiento de excarcelación formulado por el doctor Yalí Molina a favor de su defendido señor Oscar Espinosa Villarreal, por consiguiente manténgase la detención provisional del sujeto requerido”, reza la resolución emitida ayer por la Sala Penal.
Para sustentar su decisión, los magistrados encabezados por el doctor Marvin Aguilar invocan el Artículo X inciso 4 del Tratado de Extradición entre Nicaragua y México que manda a suspender la excarcelación, sólo si dentro del término de 60 días de ejecutado el arresto provisional, la parte requerida no ha recibido la solicitud de extradición definitiva ni documentación afín al caso.
El defensor del ciudadano mexicano dijo a LA PRENSA que hoy pedirá a la CSJ un recurso de reposición del auto dictado ayer por la mañana “pues es de conveniencia a mi defendido que el proceso de extradición sea llevado, gozando éste de libertad a fin de que juntos (abogado y procesado), podamos preparar la defensa que mi defendido y cualquier otra persona merece”.
De los ocho magistrados que integran la Sala Penal de la CSJ, sólo el doctor Arturo Cuadra Ortegaray disintió de la decisión tomada por la mayoría, alegando que no es necesario mantener en prisión al ciudadano requerido, pues para garantizar su aseguramiento en el territorio nacional bastaría con dictarle arresto domiciliario, ordenar suficiente custodia y girarle retención migratoria.
Los 60 días que la CSJ invocó para rechazar el levantamiento del arresto provisional vencerían el 12 de febrero próximo, fecha en que la solicitud definitiva de arresto contra Espinosa Villarreal ya podría estar en poder del máximo tribunal de justicia, pues aparentemente la documentación se encuentra en manos de la Cancillería nicaragüense. 
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