Opinión
Cuatro propuestas discutibles de política económica
José Luis Medal
Recientemente se han presentado cuatro propuestas muy discutibles de política económica. Primera: dirigentes cafetaleros propusieron la emisión de unos 50 millones de dólares en bonos del café, emisión en la que el Estado actuaría como fiador o garante. Aunque nadie niega que tanto la caficultura como muchos sectores económicos atraviesan serios problemas, es inconveniente que el gobierno actúe como fiador de deudas de particulares. Si el gobierno es avalista, se crea un pasivo contingente para el Estado, lo que transforma en pública, lo que es una deuda esencialmente privada. Cabe aquí recordar que los problemas de deuda externa de Nicaragua y de América Latina de los años 70, se originaron precisamente cuando los gobiernos actuaron como fiadores de deudas de particulares. Ello conduce a que sea el público en general el que termine pagando parte de esos créditos subsidiados. Cabe también además preguntarse: si el Estado actúa como fiador de los cafetaleros ¿por qué no lo hace también con los industriales, los ganaderos, los arroceros, el sector de la pesca y demás agentes económicos? Como no se debe discriminar si el gobierno actúa como fiador de los cafetaleros, tendría que acceder también a solicitudes similares de los demás sectores. Y sería el público en general, el que terminaría pagando el subsidio implícito en una política económica de tal naturaleza.
Segunda: otra propuesta de política económica muy discutible, es la sugerida recientemente por el Cosep, apoyado, al parecer por el Mific. Sugirieron que se derogue el Arancel Temporal de Protección y los impuestos a la importación de materia prima y bienes de capital, lo cual es positivo. Sin embargo agregaron en su propuesta, aumentar el arancel a los bienes finales del 10% al 15%, lo cual es negativo. Incrementar los impuestos a las importaciones de bienes finales aumentaría el precio de los mismos a todos los consumidores. Además, políticas proteccionistas de esa naturaleza jamás han conducido al desarrollo de un sector industrial eficiente . Basta con recordar al respecto, la experiencia histórica del Mercado Común Centroamericano. No cabe volver a políticas de proteccionismo arancelario a costa de los consumidores y de la eficiencia económica.
Una tercera política, que más que propuesta es ya una ley, es la relativa a las tasas de interés del sector financiero informal de la economía. La Asamblea Nacional legisló recientemente, que las tasas de interés que cobrarán los prestamistas privados serían similares a las de la banca comercial. Se preguntaron los legisladores: ¿qué ocurrirá con la oferta de fondos prestables al establecer tasas de interés artificialmente bajas? ¿No se producirá una menor oferta de préstamos en el mercado financiero informal o se disfrazarán las tasas de interés a través de muchas argucias o disfraces legales? ¿Se analizaron las implicancias de lo que se conoce en la literatura económica como represión financiera?
Finalmente nos referimos al anteproyecto de ley introducido por el FSLN relativo a la reestructuración -léase condonación parcial- de las deudas de los productores con el sistema financiero. Ese anteproyecto de ley, aparte de atentar contra la precaria estabilidad del sistema financiero, evidencia, nada menos, que de triunfar ese partido político en las próximas elecciones, se volvería a las políticas macro económicas populistas de los años ochenta, con lo que se repetirían los fenómenos inflacionarios y de devaluaciones periódicas, que caracterizaron ese período.
Los cuatro ejemplos citados, muestran claramente, cómo se presentan propuestas de política económicas sin aclarar quién terminaría pagando el costo de las mismas. Como en economía no hay nada gratis, sería toda la población en general la que pagaría, tanto los subsidios implícitos en los bonos cafetaleros o en la condonación parcial de deuda a los productores, como los costos de un mayor proteccionismo arancelario o los efectos de un proceso inflacionario.
Las cuatro propuestas de política económica mencionadas son muy cuestionables. Por otro lado, no se examinan a fondo otras políticas que sí son pertinentes y aliviarían la crisis de los productores. Se ha sugerido que no hay razón alguna para que no se le otorgue a los sectores productivos y a los exportadores en general, los mismos generosos incentivos fiscales —que de manera discriminatoria y contraria al espíritu de neutralidad fiscal de la Ley de Justicia Tributaria—, están establecidos exclusivamente para el sector turismo. Igualmente no se produce una discusión a fondo, de los muy importantes beneficios que crearía para la mayor parte de los sectores económicos, una dolarización oficial de la economía nicaragüense.
Como sugerencia, dado que en Nicaragua se hacen propuestas sobre políticas económicas, muy discutibles, sería oportuno promover debates públicos de las mismas, antes de que sean aprobadas por las autoridades correspondientes.
* El autor es consultor, Doctor en Economía. 
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