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SáBADO 2 DE JUNIO DEL 2001 / EDICION No. 22387 / ACTUALIZADA 11:00 pm

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Expectativas por la XXXI Asamblea General de la OEA

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.Cancilleres de los 34 países miembros activos de la OEA adoptarán Carta Democrática
.En ella, se aprobará un mayor respaldo a la Comisión de los Derechos Humanos

Un oficial de policía hace guardia fuera del Centro de Conferencias para la próxima XXXI Asamblea General de la OEA en el Hotel Herradura en San José, Costa Rica. La democracia y los derechos humanos en la región parecen ser la agenda principal del evento. LA PRENSA/AP.

 

José Antonio Puertas (AFP)

WASHINGTON.- La XXXI Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se efectuará del tres al cinco de junio en San José de Costa Rica lanzará una nueva etapa del sistema interamericano, con una reestructuración que reflejará el creciente papel de las Cumbres Hemisféricas como máximo foro político, dijeron fuentes diplomáticas en Washington.

Por afortunada coincidencia, los cancilleres de los 34 países que son miembros activos de la OEA adoptarán, en la capital de una de las democracias más antiguas y estables del continente, una Carta Democrática que persigue el objetivo de erradicar para siempre la amenaza de los gobiernos autoritarios de cualquier tinte.

Pero, además, considerarán una iniciativa de Argentina secundada por Canadá y Estados Unidos para que se reconozcan las Cumbres Hemisféricas como máxima expresión política y a la OEA como la principal entidad responsable de implementar sus decisiones.

Al mismo tiempo, en Costa Rica se aprobará un amplio respaldo y se aumentará el presupuesto a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos -la segunda de las cuales tiene su sede permanente en San José- para fortalecer sus tareas de protección y promoción del respeto a los derechos humanos en el continente.

El proyecto de Carta Democrática fue ordenado por los Jefes de Estado en la III Cumbre de las Américas, efectuada en Quebec, Canadá, del 20 al 22 de abril y completado esta semana en el seno del Consejo Permanente de la OEA, entidad que será responsable por su implementación.

El documento, que contempla la suspensión de todo Estado miembro donde se interrumpa o distorsione el proceso democrático, fue discutido durante dos semanas pero aprobado por un sólido consenso, dijeron a la AFP los embajadores de Perú y Venezuela, Manuel Rodríguez Quadros y Jorge Valero.



Algunos gobiernos de la línea “dura” querían, además, poner en blanco y negro que cualquier país suspendido sería privado también de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El BID es autónomo, pero fue creado bajo la égida de la OEA y se le considera parte del sistema interamericano. En el pasado, concedió créditos a dictaduras, pero en la última década suspendió sus préstamos y desembolsos a países cuyos gobiernos fueron desconocidos por la OEA, como el del general Raoul Cedrás en Haití.

LAS INTERROGANTES POR DILUCIDAR

- En el proyecto subsisten, sin embargo, dos corchetes que deberán ser eliminados por los ministros, cuyas negociaciones deberían completarse para el año 2005. Varias fuentes dijeron que algunos gobiernos querían el lenguaje más fútil posible como elemento disuasivo, mientras otros abogaron por un tono más moderado que se ciña estrictamente al tenor del Artículo IX de la Carta de la OEA.

- Entre los primeros estaban Estados Unidos y Canadá, junto a Perú, Argentina, Paraguay y los centroamericanos, mientras los que predicaron prudencia -en un asunto que roza el principio de no intervención- fueron Venezuela, México y los países de la Comunidad del Caribe (Caricom).

- “Venezuela apoya la Carta Democrática porque creará a la vez un escudo para los gobiernos democráticos y un piso común para perfeccionar y fortalecer la democracia, pero debe estar en perfecta armonía con la Carta de la OEA, pues de lo contrario habría que modificar esta última”, dijo a la AFP el embajador venezolano Jorge Valero.

- El artículo IX de la Carta de la OEA autorizaba ya a suspender a todo país cuyo gobierno democrático fuera derrocado por la fuerza, pero estipula que la suspensión debe ser aprobada por un voto de dos tercios, y después de agotar todos los medios diplomáticos. Este lenguaje y proporción de voto fueron retenidos en el proyecto de Carta Democrática.  
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