Cañonazos contra los puertorriqueños
Carlos Alberto Montaner *
MADRID.— Los puertorriqueños, que acaban de estrenar un santo católico, Charlie, el primero nacido en el Caribe, van a necesitar toda su influencia divina para quitarse de arriba los injustos cañonazos de la marina norteamericana. El territorio en disputa es Vieques, una pequeña isla de 135 kilómetros cuadrados, habitada por nueve mil personas cansadas de explosiones y peligros, hacinadas en un tercio de la superficie insular: los otros dos tercios los controla el amigo americano para realizar sus sonoras maniobras bélicas.
Lo interesante de este incidente -al margen trágico de un pobre señor al que le volaron la cabeza-, está en que prácticamente todos los puertorriqueños -los proamericanos, los antiamericanos y los indiferentes-, coinciden en la petición a los gringos de que se vayan con sus bombas a otra parte. Y para ello esgrimen toda clase de razones válidas: las ecológicas, la seguridad de los habitantes, y hasta el inquietante dato sanitario de que entre los viequenses hay una incidencia de cáncer un 26% mayor que en la isla grande.
La Marina, por su parte, mientras responde arrogantemente con más bombardeos, sin tener en cuenta los derechos y deseos de los puertorriqueños, se defiende con un increíble argumento: resulta que el único lugar del planeta en el que puede probar sus artefactos y entretenerse en sus juegos de guerra es en Vieques. No aclara, por ejemplo, por qué la cayería del sur de la Florida no sirve para estos menesteres. Incluso, se preguntan los puertorriqueños, cómo un monstruo del tamaño del Pentágono, llegado el caso, no puede construir una isla artificial para jugar a los marineritos sin necesidad de dejar sordos a miles de sufridos boricuas.
En realidad lo que estamos viendo es un síntoma de un problema mucho más hondo: tras un siglo de soberanía norteamericana sobre Puerto Rico, la fórmula jurídica que vincula a los dos pueblos comienza a debilitarse seriamente. La verdad es que la marina americana no apunta sus cañones a la cayería floridana porque los ciudadanos de ese estado pondrían el grito en Washington, que es como el cielo de la democracia norteamericana. Los floridanos no lo admitirían, y tienen suficiente peso electoral como para evitarlo. Puerto Rico, en cambio, sin representación en el Congreso, y sin voto presidencial, es la víctima perfecta para infligirle las detonaciones que hagan falta.
Hasta ahora los lazos entre Puerto Rico y Estados Unidos han funcionado razonablemente bien. En ese complicado siglo de espadones y dictaduras que fue el XX, los puertorriqueños han disfrutado de libertades y Estado de Derecho, alcanzando el segundo per cápita anual de América: casi nueve mil dólares, sólo superado por los once mil que exhiben los chilenos. A ese dato auspicioso pueden sumarse el altísimo monto de las exportaciones industriales, unos veinticuatro mil millones de dólares, y un perfil de desarrollo social de primer mundo: una longevidad algo mayor que la estadounidense, y porcentajes de alfabetización y de estudiantes universitarios semejantes a los de Francia.
Pero eso no es todo. En la medida en que la sociedad puertorriqueña se ha refinado e instruido, ha ido en aumento su insatisfacción con el tipo de relación semicolonial que la mantiene unida a Estados Unidos. Eso no quiere decir que desee romper con la metrópoli y montar tienda aparte. Los puertorriqueños son demasiado prudentes para emprender esa aventura. La independencia sólo la reclama el cinco por ciento de los electores. El noventa y cinco restante se divide en dos mitades casi idénticas que preferirían convertir a la Isla en un estado más de la Unión, con todas sus ventajas e inconvenientes, y los que sueñan con perfeccionar el status autonómico actual hasta constituir una especie de república asociada capaz de asumir otras competencias soberanas que le permitan, digamos, despedir cortésmente a la Marina, pero sin poner en peligro la común defensa o la común ciudadanía, esta última obtenida en 1917 por un acto unilateral del Congreso norteamericano que la jurisprudencia del Tribunal Supremo acabó convirtiendo en un derecho irrevocable.
En todo caso, mientras norteamericanos y puertorriqueños discuten la naturaleza de sus vínculos, que es como discutir el sexo de los ángeles, el asunto más urgente es de otra índole: ¿cómo pueden los puertorriqueños de la Isla, sin peso electoral en USA, y sin representantes y senadores que los defiendan, conseguir la retirada de la Marina y evitar otros parecidos atropellos en el futuro? La respuesta parece obvia: organizando de inmediato una primera línea de defensa con los algo más de cuatro millones de puertorriqueños avecindados en Estados Unidos; y, como segunda línea de trincheras, apelando a la solidaridad de los hispanos, y, muy especialmente, de los congresistas así clasificados por el censo.
Tan pronto coincida sobre Washington la presión de los hispanos de New York, New Jersey, Illinois, Texas, California y Florida, el señor Bush le señalará a la Marina otra playa menos conflictiva sobre la cual practicar sus agujeritos. Cuando la clase dirigente norteamericana le vea los dientes a la sociedad puertorriqueña, dejará de tratarla como una colonia. Afortunadamente, la democracia americana, porosa y pendiente de la opinión pública, permite sin inconvenientes este tipo de presiones. En los próximos años el talento político y diplomático de los puertorriqueños debería volcarse en esa dirección: colocar a los treinta y cinco millones de hispanos en su retaguardia. A ver quién es el guapo en Washington que se atreve entonces con la Isla. [©FIRMAS PRESS]
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