Sin dudas que es justificada la indignación de la ciudadanía contra la corrupción y los corruptos, y la exigencia de que a éstos se les enjuicie y castigue con todo el rigor de la ley y la justicia.

En realidad, los millones de dólares que los corruptos se han robado son las medicinas que no hay en los hospitales; los pupitres y pizarrones que faltan en las escuelas; los aumentos de salario que no reciben los maestros y trabajadores de la salud; los materiales que se necesitan para construir y reparar carreteras y caminos para impulsar la producción. En fin, cada dólar que los corruptos se han robado es la comida que le han quitado al pueblo y la sangre que le han extraído de su cuerpo desnutrido y enfermo.

¿Cómo, entonces, no arder de indignación contra los corruptos, ni exigir que se les castigue severamente, ni aplaudir que el Gobierno actual haya emprendido acciones valientes, honestas y directas contra la corrupción, quienes quiera que sean los involucrados?

Pero la justicia no es ni debe ser linchamiento. A los acusados de corrupción hay que reconocerles y respetarles los derechos humanos que ellos no reconocieron ni respetaron a los ciudadanos, sobre todo a los más pobres y necesitados de la sociedad, a los que robaron hasta el último centavo. “La prueba de la justicia —asegura correctamente Malcolm Forbes— consiste en determinar hasta qué punto es uno justo con aquellos que no lo son”.

Decimos esto por la forma escarnecedora en que fue presentado el ex viceministro de Hacienda y ex director general de Ingresos, Byron Jerez Solís, el día en que compareció por primera vez ante la juez que lleva la causa contra él y otras personas acusadas de varios delitos de corrupción. Independientemente de que sea cierto o falso que Jerez esté enfermo, lo que debe ser determinado profesionalmente por la autoridad correspondiente —porque prácticamente todos los detenidos aducen estar enfermos para tratar de evadir el rigor de la cárcel—, él y los demás procesados deben ser tratados con respeto a sus derechos constitucionales y a su dignidad humana, porque lo que se busca es hacer justicia no cobrar venganza contra nadie. Y esto incluye también que si a Jerez no se le esposa por una consideración personal, los otros reos tampoco deberían ser esposados; o, al contrario, si eso es lo que establece la ley, también Jerez debe ser esposado cuando se le lleve a los juzgados.

Por otro lado, es necesario reconocer que la juez que está conduciendo la causa contra Jerez y compañía, no es culpable del tratamiento escarnecedor que sufrió éste el miércoles pasado. En realidad, la falta de condiciones apropiadas en los juzgados facilita que se den situaciones bochornosas cuando comparecen algunos procesados que son particularmente relevantes por lo que representan y por la magnitud de los delitos de los que se les acusa.

Además, es necesario señalar que los periodistas que cubren la comparecencia de los reos no deben acosarlos, ni atropellar sus derechos de reos, ni perturbar el trabajo de los jueces. Los periodistas deben cumplir su trabajo en los juzgados de manera respetuosa a todas las personas, incluyendo a los reos. Los periodistas deben cuidarse de no hacer precisamente lo mismo que con derecho y obligación denuncian todos los días, o sea, el abuso y la violación de los derechos de las demás personas. Los periodistas deben entender que aunque los acusados de corrupción sean personajes políticos otrora prepotentes y ahora caídos en desgracias, tienen derechos que deben ser respetados igual que los de las otras personas. Y en nuestro caso particular debemos reconocer el error que hemos cometido a veces, de anticiparnos a las resoluciones de los jueces y señalar como culpables a algunas personas, sólo porque se les ha mencionado en los expedientes y las informaciones.

Las autoridades judiciales han informado que van a garantizar las condiciones apropiadas en la continuación del proceso contra Byron Jerez y compañía. Esperamos que así sea. Por su parte los periodistas deben comprometerse a desarrollar su trabajo con toda libertad pero sin afectar los derechos de los acusados ni perturbar la labor de los jueces.  

Ser justos hasta con los injustos