¿Es que se prohíbe hablar?
Lucía César de Boehmer
En fechas recientes han habido tres editoriales de LA PRENSA referentes a la mala costumbre de las personas de izquierda de suponer que sólo ellas son dueñas de la verdad y de actuar en este país como si aún estuvieran en el régimen de intimidación de los años ochenta. Y sin duda todo ha sido para callar la boca de quienes se sienten —nos sentimos— con libertad de disentir con las organizaciones pro abortistas que facilitaron la muerte del bebé de “Rosa” y que con su literatura promueven además de aborto muchas otras costumbres ajenas a la cultura nicaragüense.
Buen ejemplo de la línea de izquierda es la actuación de la Fiscal Adjunta, María Lourdes Bolaños, quien mandó a todos a callar diciendo que el caso de “Rosa” se cierra definitivamente “y que no se hable más del asunto”. ¿Desde cuándo está en su potestad poder callar a la ciudadanía? Según relata LA PRENSA del 29 de marzo, las miembros de la Red de Mujeres contra la Violencia, quienes llegaron a esperar tal resolución de la fiscal Bolaños, la recibieron con satisfacción.
Tan satisfechas quedaron con su impunidad, que el primero de abril estaban poniendo una demanda contra algunos miembros del Comité Pro Defensa de la Vida que han protestado su actuación y pedido públicamente al Presidente (LA PRENSA, 26 de marzo de 2003) que destituya a dos de sus miembros que “supuestamente” “representan” a los nicaragüenses, como sociedad civil, en el Conpes: Ana Quirós y Violeta Delgado. Las miembros de la Red de Mujeres deben haber estado asustadas con que alguien cuestionara el aborto de “Rosa”, que ha sido para ellas una especie de “trofeo” que hasta lo andan manifestando en el extranjero. Sin embargo es interesante el hecho de que la Fiscal Adjunta declare que el caso de “Rosa” queda cerrado, cuando nada se esclareció.
Por ejemplo ¿ya se sabe quién fue el violador? ¿Se conoce el paradero de los restos del niño abortado que contenían el ADN, prueba irrefutable y necesaria para identificar al autor del delito de violación?
Sin embargo, nada de la actuación de la Fiscal Adjunta, doctora María Lourdes Bolaños, puede causar extrañeza, sabiendo que ha sido fundadora de la ONG Ixchen, que forma parte de la Red de Mujeres contra la Violencia.
El Comité Pro Defensa de la Vida desde el 12 de marzo pidió por escrito a la Fiscalía que se investigaran hechos que podrían constituir nueve posibles delitos relacionados con el caso de “Rosa”, que aún no se han esclarecido, incluyendo la actuación del Procurador Especial de la Niñez; así como investigar si hubo o no delitos de Asociación e Instigación para Delinquir y Apología del Delito por parte de personas que proclamaron y proclaman el derecho al aborto. Algunas veces esto se disfraza bajo el eufemismo de “control de la mujer sobre su propio cuerpo”. Es fácil conocer que esto es parte de los llamados “derechos sexuales y reproductivos” y, por ejemplo, varias publicaciones de CISAS (la ONG de Ana Quirós) aclaran sin dejar lugar a ninguna duda. Por ejemplo en la publicación “Estrategia de Trabajo con Grupos de Mujeres” (página 39), bajo el sub-tema “maternidad voluntaria” se encuentra “el aborto”. Quizás la autora del artículo “Cualquier tema es material de interpretación” (LA PRENSA, 21 de abril de 2003) se puede ilustrar con este folleto a ver si encuentra lugar a interpretaciones.
El artículo 225 del Código Procesal Penal dice que: “Si transcurridos 20 días después de presentada la denuncia la Fiscalía no ha interpuesto acusación, la víctima o el denunciante pueden acudir ante el Ministerio Público solicitando su informe o el de la Policía Nacional sobre el resultado de la investigación”. El Comité Pro Defensa de la Vida nuevamente acudió, al cumplirse 27 días, el ocho de abril, para pedir el informe, pero hasta el día de hoy no ha tenido respuesta. ¿Será que se le está haciendo caso a la Fiscal Adjunta que es juez y parte y por eso pide que “no se hable más del asunto”?
La autora es miembro de la Asociación Nicaragüense por la Mujer (Ánimu). 
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