Sugieren enjuiciar a titular del CSE
 |
|
 | Dictamen de la Dirección Jurídica de la CGR recomienda mantener presunción de responsabilidad penal contra Roberto Rivas, independientemente que monseñor Eddy Montenegro haya devuelto los 241 mil córdobas que Rivas le regaló de los fondos del CSE |
|
|
| |
Jorge Loáisiga Mayorga
jorge.loaisiga@laprensa.com.ni
Un dictamen de la Dirección Jurídica de la Contraloría General de la República, fechado el 23 de octubre del 2002, señala que el proyecto de resolución en que se presume responsabilidad penal contra el Presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, por haber “donado” ilegalmente más de 240 mil córdobas a monseñor Eddy Montenegro, debe mantenerse, independientemente de que el dinero haya sido devuelto por el beneficiado.
“(...) el proyecto de resolución donde se presume responsabilidad penal en contra del licenciado Roberto Rivas, Presidente del Consejo Supremo Electoral, debe mantenerse con la modificación del reembolso efectuado”, dice expresamente el documento.
El dictamen, firmado por el director Jurídico de la Contraloría, José Jesús Brenes y dirigido a la secretaria del Consejo Superior de la Contraloría, Selena Mejía Taleno y el Director de Auditorías, Juan Ramón Salgado Borge, señala que el hecho de haberse reintegrado el monto del perjuicio económico, en la legislación penal es únicamente un atenuante, pero no una causal eximente de responsabilidad penal, por tanto, subsecuente no puede interferir en la conclusión de los resultados de la Auditoría Especial donde se revela la comisión del ilícito que conlleve a la presunción de responsabilidad penal.
“A nuestro criterio, por las consideraciones hechas de pervivencia de la acción penal, aún cuando se haya devuelto lo malversado, debe confirmarse la presunción penal independientemente de que ya, aparentemente no exista como tal el perjuicio económico, por el simple hecho de haberse utilizado recursos del Estado con fines distintos de los establecidos en la ley”.
Brenes recomienda aplicar el artículo 406 del Código Penal vigente al momento de cometerse el ilícito, que establece que “el funcionario o empleado público que hace uso para sí o para otro, de caudales que custodia o administra, sufrirá la pena de inhabilitación especial de uno a dos años y multa de 25 a 50 por ciento sobre la cantidad de que hubiera hecho uso, si la reintegra después de haber causado daño al servicio público”.
En otra parte del dictamen se recomienda dilucidar la autenticidad de las actas relacionadas en este hecho, puesto que en una primera inspección al libro de actas del Consejo Supremo Electoral no estaba registrada la autorización para la donación a monseñor Montenegro y cuando estalló el escándalo, apareció un acta firmada por los cinco magistrados del Consejo Supremo Electoral.
MONTENEGRO REGRESÓ LA PLATA
Durante nueve meses del año 2001 el Presidente del CSE, Roberto Rivas, entregó al párroco de la Iglesia Santa Marta, Eddy Montenegro, 2,000 dólares mensuales, hasta llegar a la suma de 18 mil dólares, equivalentes a 241,940 córdobas, para la reparación y mejoramiento de las instalaciones físicas de dicha iglesia y para la capacitación y formación cívica de la comunidad parroquial.
El 15 de octubre del 2002, Rivas remitió a la Contraloría copia de recibo oficial de caja del CSE en que monseñor Montenegro, devolvía los 241 mil 940 córdobas.
El pasado 20 de septiembre el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, integrado por dos contralores sandinistas y tres liberales, había decidido presumir responsabilidades penales contra Rivas por las donaciones ilegales que éste había hecho a la Iglesia.
Sin embargo, luego de un encuentro entre el cardenal Miguel Obando y Bravo y Daniel Ortega, apareció un acta del CSE firmada por los cinco miembros propietarios del Poder Electoral. Antes sólo había una firmada por cuatro según certificó el doctor Luis Rodríguez Jiménez, de la Contraloría. 
|
