El Ejército, la Policía y el Gobierno civil, no deben tratar de “echar tierra” sobre el caso de la fraudulenta venta de armas a la Policía de Panamá, que en realidad según el informe de la OEA fueron a parar a manos de una agrupación terrorista colombiana de derecha, la Auto Defensa Unida (AUC).

Decimos lo anterior, porque el Canciller de Nicaragua prácticamente menospreció el informe de la OEA sobre el caso de los Ak que señala que hubo negligencia criminal de algunos funcionarios o ex funcionarios militares, policiales y civiles. En efecto, según el Canciller el informe “no es más que las opiniones de la OEA y no podemos basarnos en opiniones para tomar acciones después”.

Por otro lado, en los comunicados de la Cancillería y el Ejército se dictamina anticipadamente que el caso de los Ak es una trama del crimen organizado internacional, fraguada en el exterior, que se aprovechó de supuestos vacíos legales que hay en Nicaragua. Y además, algunos medios periodísticos están difundiendo versiones noveladas del caso, en las que se asegura que es una conspiración internacional contra el Ejército de Nicaragua, y contra el país mismo, en la que están involucrados Colombia, Estados Unidos e Israel.

Pero no tiene sentido que Estados Unidos esté fraguando y ejecutando conspiraciones contra el Ejército y el Estado de Nicaragua, después de que las autoridades civiles y militares estadounidenses han apoyado en múltiples formas los procesos de profesionalización de las fuerzas armadas ex sandinistas, que inclusive los han valorado como exitosos.

Y aún admitiendo como cierto que hay una provocación internacional contra Nicaragua, habría que reconocer que hubo cómplices en Nicaragua. Ciertamente, es muy difícil creer que los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas nicaragüenses —reconocidas dentro y fuera del país por su gran capacidad y eficiencia—, no supieran que agentes provocadores de la CIA y del Mossad israelí estaban detrás del negocio de los Ak. Tampoco es creíble que el Ejército cambiara armas nuevas por fusiles obsoletos sólo por hacerle un favor a sus camaradas de la Policía. Y es increíble que en una operación tan complicada y riesgosa como ésta, la Policía nicaragüense no preguntara a su homóloga panameña —con la que mantiene activas relaciones— si era cierto o no que estaba adquiriendo las armas.

Al respecto de todo esto es necesario señalar que la mayoría de los nicaragüenses ha hecho muchos esfuerzos para aceptar la existencia del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, antes sandinistas, que fueron creadas por el gobierno del FSLN en 1979 como instrumentos fundamentales de la militarización de la sociedad y de la represión contra quienes no se sometieran al régimen totalitario.

Ese rechazo no ha sido sólo por razones políticas e ideológicas, sino también en muchos casos por principios civilistas fundados en la ética kantiana que es la base del pensamiento genuinamente democrático. “Tener gentes a sueldo para que mueran o maten —escribió Enmanuel Kant en “Paz Perpetua”— implica un uso del hombre como mera máquina en manos de otro, el Estado, lo cual no se compadece con los derechos de la humanidad en nuestra propia persona”.

Ahora bien, la aceptación del Ejército y la Policía ex sandinistas por parte de prácticamente todos los nicaragüenses, fue porque se comprometieron a profesionalizarse, a dejar de ser brazos armados de un partido, a mantenerse al margen de las controversias y los conflictos políticos, y también a conducirse con riguroso apego a los principios fundamentales de la ética y la integridad personal e institucional.

De manera que el Ejército, la Policía y la autoridad civil tienen que someter a las personas mencionadas en el informe de la OEA sobre la venta fraudulenta de armas, a una investigación confiable para los ciudadanos, y ponerlos a la orden de la justicia si resultare que fuesen culpables ya sea por intención, omisión o negligencia.

Los intereses de las instituciones deben estar por encima de las complicidades, las afinidades ideológicas y las camaraderías políticas y amistosas. Las instituciones son primero y los mandos del Ejército y la Policía no deben arriesgarlas por falsos intereses de Estado y para proteger a amigos y camaradas.  

Primero las instituciones