¿Por qué veta el Presidente de la República?
Oscar Silva Peter*
Hay razones técnicas, políticas y económico-sociales para vetar la Ley de Presupuesto General de la República.Todas deben ser detenidamente consideradas en el curso de los debates concernientes a la aprobación o rechazo del veto.
Las razones técnicas se basan en el déficit reflejado por nuestro presupuesto nacional. Las razones políticas dicen que aprobar la ley sin objeción alguna, equivale a incurrir en la incoherencia de contradecir el programa económico y social trazado por el Gobierno, y contravenir las condiciones fijadas por nuestras indispensables fuentes internacionales de financiamiento. Finalmente, con la aprobación de la ley y el sucesivo incumplimiento de los compromisos internacionales, se pierden recursos que si bien no constituyen una solución terminal al problema de la pobreza, cuando son correctamente administrados, permiten la atención de las necesidades básicas de la nación y la estabilidad necesaria para gerenciar sus intereses. La pérdida de estos recursos es la principal razón económico-social.
Es un error polarizar la discusión generada por el veto en torno a posiciones partidarias, o dar a ésta el cariz de una contienda de poder en la cual la Presidencia de la República aparece desafiando la voluntad de la Asamblea Nacional. Esta clase de enfoque desnaturaliza y restringe los alcances del tema, y resulta eficaz sólo cuando lo que se pretende es desinformar, reduciendo asuntos de Estado a pequeñas rencillas politiqueras en las cuales los cargos oficiales y las instituciones públicas, son utilizados por sus titulares para ventilar diferencias personales.
El veto es una figura de control que forma parte del sistema de frenos y contrapesos peculiar de los gobiernos cimentados en el principio de la división del poder. Jurídicamente, es un instrumento legal-constitucional; políticamente, un medio del que se sirve el Presidente de la República para gobernar. Su solo uso no debe preocuparnos. Al contrario, representa la democracia en movimiento.
Lo que sí merece y debe llamar la atención es aquello que motiva el uso del veto. En el caso concreto, creo que debemos considerar legítima la utilización del veto por parte del Presidente de la República, principalmente porque su finalidad es salvaguardar la estabilidad y viabilidad de la economía de Nicaragua. Abstenerse de vetar significa decirle no a la comunidad cooperante y sustraer a Nicaragua de los planes de desarrollo globales.
No deben mezclarse ni malestares políticos ni conductas populistas en la decisión de una cuestión tan sensible para el bien común. En este sentido, cabe y conviene evaluar hasta qué punto es lícito arriesgar la política económica o la viabilidad de la economía de un país, asunto de general importancia que afecta a millones de personas, a cambio de la implementación de medidas, que si bien son justas, están dirigidas sólo a aliviar necesidades de ciertos sectores de la sociedad que, en todo caso, merecen una respuesta más integral. Creo que esa es la diferencia fundamental entre la posición del Poder Ejecutivo y la de quienes propugnan por ignorar los compromisos con la comunidad cooperante. Solución integral y de largo plazo versus solución parcial y precaria. En fin, ésta es una cuestión que espero sea abordada por los poderes del Estado con la debida objetividad.
* El autor es abogado.
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