Los ataques con morteros que perpetraron universitarios enmascarados contra personas civiles, efectivos de la Policía y los edificios de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Hacienda, el martes en la tarde, no pueden ser calificados sino como terrorismo callejero.

Es deplorable que esos estudiantes armados con morteros, que sin duda son adquiridos con dinero de los recursos que el Estado asigna al Consejo Superior de Universidades, se dediquen a esas acciones vandálicas en vez de gastar sus energías en labores de servicio social, como siembra de árboles, limpieza de cauces, reparación de escuelas y hospitales, y en fin, cualquier trabajo voluntario para retribuir todo lo que les da la población con el financiamiento estatal a las universidades. (Ellos piden que les den este año 814.5 millones de córdobas, o al menos 721 millones que les aseguran los diputados, en vez de los 670 millones que puede darles el Gobierno debido a las limitaciones impuestas por el pago de la piñata sandinista y las quiebras bancarias fraudulentas).

Pero el Gobierno también ataca a la población con “morterazos tributarios”, prácticamente obligado por los diputados, los partidos políticos y los activistas de las organizaciones de la llamada “sociedad civil”, para poder llegar a un acuerdo sobre el aumento del gasto social que aprobó la Asamblea Nacional en el Presupuesto a pesar de que excede de las posibilidades reales del país. Gasto que sólo se podría financiar aumentando los impuestos o con más endeudamiento público interno y externo, pero esto último es imposible porque el país está insolvente.

En efecto, para salvar los acuerdos con el FMI que permitirían obtener recursos financieros y el perdón del 80 por ciento de la deuda externa, el Gobierno propone crear nuevos impuestos o aumentar el monto de los existentes como único medio de financiar el aumento deficitario del gasto social que aprobaron los diputados.

Pero no se necesita saber mucho de economía para entender que el crecimiento económico y el desarrollo social sólo es posible si hay incentivos a la inversión y la actividad empresarial, ante todo mediante la disminución de los impuestos. Y esto redunda además en beneficio de la recaudación fiscal, pues cuando bajan los impuestos se amplía la base de los contribuyentes y disminuye la evasión, con mayor razón si se gobierna de manera honesta y transparente y los ciudadanos observan que sus contribuciones son bien empleadas.

Por lógica elemental se entiende que el aumento de impuestos atenta contra la reactivación económica, pues succiona al sector privado —el único que crea riqueza, el Estado sólo la consume— los recursos indispensables para desarrollar la producción, expandir el comercio, mejorar la oferta de servicios y crear más empleos.

Con más impuestos, a las empresas no le queda más remedio que recortar inversiones de capital, adquirir menos inventario y reducir sus gastos y costos, comenzando lógicamente con los recortes de personal. O sea que el aumento de los impuestos tendrá un efecto destructivo, porque en esas circunstancias la decisión más fácil para cualquier inversionista es la de simplemente no invertir.

Tampoco se necesita saber mayor cosa de economía para comprender que si de verdad se quisiera impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, en vez de aumentar las cargas fiscales se debería recortar el gasto estatal, reducir los impuestos a un nivel que sea justo para todos y rentable para el país, y que además lo paguen todos, inclusive los banqueros y los militares; y eliminar todos los privilegios a los favoritos del Estado.

En efecto, si se suprimieran todas las exoneraciones y quedaran únicamente las diplomáticas y las constitucionales, según los expertos las recaudaciones aumentarían en más de 200 millones de córdobas. Esa suma de dinero, junto a lo que se recupere por el pago de impuestos de los banqueros si es que en realidad la ley los obliga a pagar pero por favoritismo no lo han hecho, sería suficiente para financiar el aumento del gasto social que quieren los diputados y no habría necesidad de crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes.

Los políticos saben muy bien que aumentar los impuestos es una medicina peor que la enfermedad. Pero no tienen agallas para reconocerlo y prefieren seguir hundiendo al país.  

Morterazos terroristas y tributarios