Telcor en encrucijada
Freddy Potoy R.
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MADRID, ESPAÑA.— el desarrollo de las telecomunicaciones en el mundo es uno de los rubros más importantes en este momento para los países con economías sólidas, sin embargo, en países en desarrollo, este aspecto es igualmente prometedor.
Pero es lamentable ver lo que pasa en Nicaragua. Los miembros de la Contraloría General de la República (CGR) que ahora no son más que “gendarmes políticos”, piden cuentas al Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) por haber concedido a la transnacional telefónica BellSouth la ampliación de cobertura en telefonía celular por 2.8 millones de dólares.
Por su parte, Teleglobo interpuso un recurso de revisión ante Telcor por esta decisión administrativa, cuestionando la entrega a BellSouth de la banda para la cobertura en las zonas centrales y Atlántica que esta empresa disputa con la transnacional en la Corte Suprema de Justicia.
El conflicto antes descrito, es algo que debería estar resuelto hace tiempo, pero por las negligencias y por las encarnizadas batallas políticas y económicas de sus protagonistas, ahora está en un punto vergonzoso.
Aquí quedan claras algunas cosas: 1) Es triste ver cómo en Nicaragua se pelean por el “taparrabo” en materia de telecomunicaciones. 2) Los “gendarmes políticos” siguen dañando al país. 3) Un ente regulador timorato y jugando a la política sin poner el orden como lo hacen las instituciones serias en cualquier país del mundo civilizado. 4) Los magistrados de la CSJ siguen en su plan de retardar la justicia y contribuir a los problemas. 5) Los consumidores y usuarios son víctimas de pleitos políticos y económicos, mientras Nicaragua aún está sumergida en uno de los peores servicios de telefonía. Pero además que el servicio es deficiente, cuando el usuario reclama, los empleados de las empresas de telecomunicaciones los tratan mal y no resuelven con inmediatez.
De ahí la necesidad que el Gobierno, cual sea, debe tener una política sólida en todos los ámbitos, y ahora que las telecomunicaciones avanzan vertiginosamente, pues no es cualquiera el que debe estar al frente de una institución reguladora con mucha importancia para el país.
También me refiero al tema de las reclamaciones de los usuarios y las obligaciones de las empresas de telecomunicaciones. El hecho que se haya privatizado este servicio no significa que queda en manos de las empresas y de la oferta y demanda del mercado, resolver una serie de abusos o ineficiencias. Es importante el papel del ente regulador en el desarrollo y la aplicación de normas obligatorias para satisfacer las expectativas relativas, entre otras cosas, a la elección del acceso, la transparencia (en particular en materia de precios), la asequibilidad, la calidad, la inocuidad, la seguridad y la fiabilidad. Es esencial que los consumidores o usuarios dispongan de mecanismos adecuados de solución de conflictos cuando las empresas no respetan las condiciones.
Por esto importante avanzar en el proceso de modernización de la legislación en materia de telecomunicaciones. Pero no se trata sólo de crear proyectos de leyes punitivos, sino garantizar que estén en armonía con las demás legislaciones modernas del mundo, prever los avances tecnológicos objetos de normativas, y sobre todo, algo muy importante, legislar tomando en cuenta el comportamiento económico en los distintos mercados de las telecomunicaciones. Este asunto no es fácil.
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