¿Puede América Latina superar su historia de desigualdad?
David de Ferranti y Guillermo Perry
América Latina y el Caribe son la región con la mayor desigualdad del planeta. La décima parte más rica de la población percibe el 48 por ciento del ingreso total, mientras que la décima parte más pobre percibe sólo el 1.6 por ciento. En contraste, en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la décima parte más rica recibe el 29.1 por ciento, mientras la décima parte más pobre gana el 2.5 por ciento.
Dicha situación constituye una afrenta moral y debilita el tejido social de los países al fomentar la exclusión e incrementar las tensiones sociales. También socava los esfuerzos para combatir la pobreza, porque con una brecha tan significativa en los ingresos, el impacto del crecimiento económico es menor sobre los sectores pobres de lo que sería en un país con una distribución de ingresos más equitativa.
La desigualdad no es un fenómeno reciente. El estudio del Banco Mundial Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia? muestra cómo desde la década de los años setenta y a lo largo de los años noventa, la desigualdad de la región fue superior en 10 puntos respecto de Asia, en 17.5 por ciento respecto de la OCDE y en 20.4 puntos respecto de Europa oriental.
La distribución desigual de recursos corresponde en realidad a un patrón con características específicas, que proviene de la colonización europea en la región, cuando las élites diseñaron instituciones y políticas funcionales a sus intereses. Por ejemplo, la mayoría de los países latinoamericanos no alcanzó altos niveles de alfabetismo hasta bien entrado el siglo XX. Los bajos niveles de apoyo a la educación básica contrastaron con el generoso financiamiento a las universidades, donde los hijos de la élite recibieron capacitación. Típicamente, las instituciones políticas de la región han sido débiles. Y si bien las transiciones a la democracia han traído valiosas ganancias, los patrones de influencia se mantienen con altos grados de desigualdad, y se continúa con las tradiciones de clientelismo y prebendas políticas, pese a que existen elecciones locales y nacionales.
En el área educativa, la situación es preocupante. En una economía global, donde el “capital humano” es clave para la competitividad, las desigualdades que resultan en la incapacidad de la gente de desarrollar destrezas y conocimientos a niveles óptimos, puede —entre otros factores— disminuir la tasa de crecimiento económico, y debilitar el impacto de la reducción de la pobreza sobre dicho crecimiento.
Pero es posible superar la inequidad. Hay cuatro grandes áreas en las que los gobiernos y grupos de la sociedad civil pueden actuar para construir coaliciones que rompan este patrón destructivo. Éstas, entre otras, son:
Profundizar la democracia, a fin de construir instituciones políticas y sociales más abiertas, que permitan que los grupos pobres e históricamente subordinados, tales como los descendientes africanos e indígenas, puedan tener una mayor participación, voz y poder en la sociedad.
Contar con instituciones y políticas públicas más equitativas con una administración macroeconómica sólida y mecanismos de resolución de crisis eficientes, así como una política anti-cíclica que permita ahorrar en los buenos tiempos y aumentar el acceso de los pobres a las redes de seguridad social en los malos tiempos.
Aumentar el acceso de los pobres a servicios públicos de alta calidad, particularmente, a educación, salud, el suministro de agua y electricidad, así como a las tierras y a los servicios rurales para hacerlas productivas. También es importante proteger y velar por el cumplimiento de los derechos de propiedad de los pobres de sectores urbanos.
Reformar al elitista y truncado Estado benefactor, de manera que los programas sociales lleguen verdaderamente a las familias más pobres, mediante el uso de mecanismos como el de transferencias de efectivo que condicionan la asistencia de niños y niñas a la escuela y a los consultorios de salud, a fin de mejorar la capacidad de generar ingresos de por vida.
Consolidar una política macroeconómica y una regulación financiera prudente para evitar los efectos y transferencias regresivas de ingreso que han ocurrido en crisis pasadas y para conseguir que la política social pueda apoyar a los pobres en los ciclos de crecimiento bajo, a diferencia de lo ocurrido en el pasado.
El poder romper la inequidad depende de la construcción de liderazgos fuertes y coaliciones amplias que logren avanzar en la primera área de acción, especialmente para movilizar la agenda política a favor de los pobres. A medida que se efectúen reformas institucionales, los pobres podrán tener una mayor injerencia en la toma de decisiones y, por lo tanto, hacer que se adopten políticas destinadas a reducir la desigualdad.
Los autores son vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe; y economista jefe para la región, respectivamente. Ambos escribieron el nuevo estudio Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia?, disponible en www.bancomundial.org/alc
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