Sobre los créditos FAD y la cooperación española
Alejandra Saborío
Los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) de España nacen en 1976; constituyen créditos blandos para la exportación española que respaldan la política de conquista de nuevos mercados y operan a su vez como instrumento de cooperación al desarrollo. Son, a groso modo, ayuda ligada.
Independientes al resto de instrumentos de la Cooperación Española son gestionados por la Secretaría de Estado de Comercio; surgen en primer lugar para promover la internacionalización de la empresa española y, de paso, ayudar a los países en desarrollo estableciendo unas condiciones muy ventajosas en relación con los créditos del mercado, ya que tienen un período de amortización de hasta 25 años, con 10 de gracia y un interés del 2 por ciento.
Desde su nacimiento, los FAD han sido un elemento polémico ya que la ayuda debe regirse únicamente por principios altruistas, no siendo el caso de los mismos. No es casual que el Comité de Ayuda al Desarrollo señalara en su primer examen a la Cooperación Española que estos créditos se rigen primordialmente por consideraciones de orden comercial.
Los principales destinatarios de créditos FAD han sido México, Argentina y últimamente Marruecos y China. Es decir, países de desarrollo intermedio, obviamente los que presentan mejores condiciones económicas y sociales para devolver el crédito.
¿Son los FAD el instrumento idóneo para promover el verdadero desarrollo en los países del sur? Partiendo de que existe desarrollo cuando las personas son capaces de desplegar en mayor medida sus capacidades y de ampliar el escenario de sus posibles opciones futuras, se puede afirmar que estos créditos sólo teóricamente sirven a objetivos de promoción del desarrollo de los países más vulnerables: éstos obtienen créditos en condiciones más favorables que las que proporciona el mercado.
Hasta allí no hay ningún problema. Las dificultades surgen en la práctica, ya que cada país cuenta con sus propias estrategias de desarrollo y/o necesidades, y los FAD “obligan” a dedicar una parte del crédito a la adquisición de bienes y servicios procedentes del país donante. En la medida en que éstos no sean los más aptos o competitivos, se está incorporando un coste adicional a la operación y la situación de cualquier país del sur no siempre es la mejor para oponerse a operaciones de este tipo. Se puede afirmar que se están limitando los grados de libertad del beneficiario, lo que no va conforme al criterio de desarrollo en mención.
Además, la promoción del verdadero desarrollo tiene como objetivo la eliminación de la pobreza y un crédito concesional ligado está poco orientado geográfica y sectorialmente a esa meta. Los FAD tratan de llevar a cabo proyectos de interés empresarial pero de dudosa rentabilidad social, como el desdoblamiento de la carretera Managua-Masaya.
Resulta de muy poco interés prestar dinero a los países más pobres porque difícilmente podrán restituir el crédito. Es decir, los FAD alteran la orientación geográfica de los recursos. Sumado a lo anterior, estos créditos se emplearon para la venta de equipos militares a los países más pobres, lo que va en contra de la normativa internacional en materia de Ayuda al Desarrollo, tal es el caso de Somalia, país al que se vendieron 2,420 millones de las antiguas pesetas en material militar.
Asimismo, se han visto implicados en operaciones irregulares en varios países donde se han otorgado. Tal es el caso de la construcción de los hospitales de Chinandega y Estelí, en Nicaragua, en los años 1993 y 1995. La Contraloría General de la República resolvió que los contratos facilitados por Abadesa no especificaban cotización ni licitación, incluyendo en cambio precios de equipamientos hospitalarios severamente endeudados.
En suma, los criterios de selección y adjudicación de los FAD son concedidos de acuerdo a criterios de política comercial. Se denuncia la concentración de casi la mitad de los créditos en cinco empresas: Enasa, Focoex, Astilleros Españoles, Casa y Dragados. Quizás se deba al hecho de que estos créditos funcionan ajenos al resto de instrumentos de la cooperación española, lo que resta coordinación al proceso de ayuda.
Considero que no son el instrumento adecuado para la promoción del desarrollo en los países más vulnerables. Sin embargo, las grandes empresas españolas han defendido y defenderán siempre un modelo de ayuda que vincule los intereses del Sur y de España.
Se debe, por tanto, insistir en que la ayuda sea la adecuada para cada sitio donde se destine. En ese sentido, los FAD difícilmente se podrán reorientar hacia la reducción de la pobreza por su sesgo comercial, lo que deviene en una pérdida de calidad de la ayuda española.
Para una mejor calidad y credibilidad de la ayuda española se deben separar los créditos FAD de la financiación de los proyectos de cooperación.
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