La farsa del desafuero
El proceso de desafuero —o antejuicio político— que los diputados del FSLN y el PLC están impulsando en la Asamblea Nacional, en cuerdas separadas, contra el presidente Enrique Bolaños y varios funcionarios del Gobierno que formaron parte de su equipo de campaña electoral en el año 2001, a todas luces está motivado por un afán de venganza partidista, y es también un chantaje político al Primer Mandatario y por medio de éste a toda la nación .
En efecto, con este proceso de desafuero el PLC quiere vengarse del presidente Bolaños, al que culpa por el juicio y la condena de corrupción que una juez sandinista dictó contra Arnoldo Alemán; mientras que el FSLN apoya a los liberales en esta farsa porque quiere seguir chantajeando al Presidente de la República con la amenaza de destitución. Y en todo esto es obvio que el antejuicio político contra el Presidente de la República el PLC es un instrumento para tratar de conseguir la libertad y exoneración de cargos del ex presidente Arnoldo Alemán, mediante una amnistía que favorezca tanto a los condenados por corrupción como a los acusados por delitos electorales.
En realidad, si fuera cierto que se quiere dilucidar si hubo no delitos electorales, se debería investigar también y en primer lugar a la persona que ejercía la representación legal del Partido Liberal Constitucionalista durante la campaña electoral del año 2001, quien ahora es vicepresidente de dicho partido y Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, dicho funcionario, en vez de ser desaforado es uno de los principales acusadores y jueces políticos del presidente Bolaños.
Sin duda que es necesario investigar el asunto de los fondos privados para el financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos, particularmente los que se usaron durante la campaña electoral del 2001 en la que sobre todo el PLC y el FSLN hicieron una ostentosa demostración de dinero nunca antes vista en Nicaragua.
También es necesario escudriñar cómo funcionan los sistemas de control del Consejo Supremo Electoral (CSE) sobre el financiamiento privado de los partidos políticos, y esclarecer si hay o no un apañamiento recíproco de las violaciones a la Ley Electoral en materia de financiamiento de las campañas electorales, por parte quienes se han repartido ese organismo del Estado —FSLN y PLC— , que son los que gastan mucho dinero en sus campañas proselitistas.
La prohibición de las donaciones anónimas (salvo en las colectas populares), se estableció en el artículo 104 de la Ley Electoral para evitar que se colara en el sistema político y gubernamental de Nicaragua dinero mal habido o de procedencia dudosa (por ejemplo, del narcotráfico y otros “negocios” del crimen organizado nacional e internacional), o que algunas donaciones sirvieran para obtener concesiones favoritistas del gobierno, o más bien dicho, de los gobernantes .
De manera que, por ejemplo, determinar mediante una investigación imparcial y honesta si la prohibición de las donaciones anónimas se cumple o no, y si no se cumplen, cuáles son las debilidades institucionales y humanas que impiden su cumplimiento, sería muy bueno para la salud de la democracia electoral de Nicaragua. Inclusive, así se podría evitar que se repitan situaciones como las que dieron motivo o pretexto al juicio por delitos electorales contra el presidente Bolaños, y se podrían aclarar los señalamientos de que Daniel Ortega recibe financiamiento de gobiernos extranjeros, como Venezuela y Libia, e Irak antes del derrocamiento de Saddam Hussein.
Sin embargo lo que se ha hecho es montar una farsa política, parlamentaria y judicial, para tratar de obligar al Presidente de la República a aceptar un acuerdo de amnistía para Arnoldo Alemán que significaría la derrota definitiva de la lucha contra la corrupción.
Sin duda que el Presidente de la República sabe cómo manejar esta situación y qué es lo que más le conviene hacer según los intereses nacionales y los suyos en lo personal. Nosotros, por nuestra parte creemos que el Presidente no se debe someter al chantaje de sus enemigos políticos, sino seguir enfrentándolos como lo ha venido haciendo hasta ahora.
El Presidente y los otros funcionarios públicos que están siendo procesados por el FSLN y el PLC deben desconocer la resolución de desafuero que dicte la Asamblea Nacional. Y la ciudadanía democrática tiene que rechazar esta farsa ignominiosa y defender con toda su fuerza cívica la institucionalidad democrática de Nicaragua.
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