PGR apela decisión sobre Cementera
Mirna Velásquez Sevilla
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La Procuraduría General de la República (PGR) apeló la sentencia que ordenó este lunes la intervención judicial de la Compañía Nacional Productora de Cemento, cuyas acciones son reclamadas por la familia Somoza.
Humberto Cortez Bustos, Procurador Auxiliar Civil, introdujo ayer el escrito de apelación ante la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, dominada por magistrados de tendencia sandinista. Además de expresar sus argumentos que refutan la sentencia, el Procurador solicitó la admisión y tramitación del recurso que intenta revertir la decisión judicial.
El Juez Suplente Cuarto Civil de Distrito, Ruhem Arias Bello, ordenó la tarde del lunes el nombramiento de Luis Rigoberto Toruño Coronel como interventor de la Cementera nacional, cumpliendo un mandato del Tribunal de Apelaciones para que se tramitara un juicio de aseguramiento de bienes litigiosos a favor de la familia Somoza.
Cortez Bustos pidió a los magistrados que declaren nula una resolución dictada el 27 de julio pasado, en la que el juez ordenó, entre otras cosas, la tramitación del juicio de aseguramiento de bienes y citó a las partes en el juicio (el Estado y la familia Somoza) para que se pusieran de acuerdo en una audiencia sobre la persona que sería nombrada como interventor judicial para que administre la empresa.
RECLAMO DE LOS SOMOZA
La Cementera creada por el fundador de la dinastía Somoza, general Anastasio Somoza García fue confiscada por el Gobierno sandinista aplicándoles el Decreto 3. La batalla legal por el control de su administración comenzó en noviembre del 2001, cuando la ex Juez Primero Civil de Distrito de Managua, Yelba Aguilera, convocó a una junta general extraordinaria de accionistas accediendo a una petición de los herederos de la familia Somoza.
“Esta posición de la honorable Sala es clara al establecer los procedimientos a seguir, de ello se desprende que no está diciendo que se violen los procedimientos, sino que sean aplicados por el juez de la causa, pero (él) hace lo contrario irrespetando el procedimiento a seguir”, sustenta el procurador Cortez.
Cortez se opuso además a la citatoria judicial para escoger al interventor porque, desde su perspectiva, el juez actuó de forma expedita al citar a las partes para la escogencia del interventor.
“Con la actuación judicial mi representado (el Estado) queda en total indefensión y se viola el principio de derecho a la defensa, el de la seguridad jurídica, el debido proceso y de supremacía constitucional”, añade.
ACTUACIÓN MECÁNICA
En su escrito, el Procurador Auxiliar Humberto Cortez Bustos, sienta su inconformidad con la resolución del juez Ruhem Arias Bello, alegando que éste actuó “mecánicamente” porque la sentencia de Apelaciones únicamente ordena que se cumpla con el procedimiento.
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