La no ratificación del DR-Cafta
La Ministra de Fomento, Industria y Comercio (Mific), señora Azucena Castillo, informó el lunes de esta semana que cinco empresas extranjeras que tenían planeadas inversiones en el sector de textiles, por el monto de 300 millones de dólares, decidieron irse a otros países del área debido a la negativa de la Asamblea Nacional a ratificar el tratado de libre comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, mejor conocido como DR-Cafta por sus siglas en inglés.
La versión de la ministra nicaragüense no fue confirmada por las empresas que ella mencionó, sin embargo no tenemos ninguna razón para poner en duda su información, según la cual “Nicaragua perdió tres mil empleos directos que pudieron haber creado esas cinco empresas que recientemente decidieron no colocar su capital en el país, sino en Guatemala, Honduras y República Dominicana”, según publicó LA PRENSA ayer martes 4 de octubre de 2005. Y además, la ministra Castillo anunció que otras 19 empresas que han mostrado tener interés en invertir en Nicaragua 600 millones de dólares, que crearían alrededor de 19 mil empleos directos nuevos, podrían desistir de su intención por la falta de ratificación del DR-Cafta.
En realidad, lo raro es que el daño por la falta de aprobación del tratado no haya sido mayor. Pero los nicaragüenses deben saber que las consecuencias de no ratificar el DR-Cafta serán desastrosas después que en enero del año entrante dicho tratado comience a tener vigor, y Nicaragua quedará prácticamente como un país paria del comercio regional —sobre todo con Estados Unidos— que es precisamente en el que tiene la mayor cuota de participación.
En realidad, Nicaragua —y más bien el pueblo nicaragüense y sobre todo sus sectores más pobres— tendrán que pagar graves consecuencias por el empecinamiento del FSLN en impedir la ratificación del DR-Cafta, y por la complicidad igualmente culpable del PLC, que por mezquinos intereses partidistas y personales le hace el juego a aquél. Lo cual está claro a pesar de que los diputados del PLC simulan estar “interesados” en la aprobación del tratado, incluso montando espectáculos prefabricados en la Asamblea Nacional que no convencen a nadie.
Como hemos dicho en otras ocasiones, en el caso del FSLN es comprensible, aunque de ninguna manera justificable, que se oponga a la participación de Nicaragua en el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Los miembros de la cúpula sandinista saben muy bien que el libre comercio internacional constituye un factor clave para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en Nicaragua. Y entienden que para alcanzar esas metas es primordial el tratado de libre comercio con Estados Unidos —que es nuestro socio natural más cercano, rico e importante—, que no sólo le garantizaría a los exportadores nicaragüenses acceso al mercado más grande del mundo, sino que también aumentaría de inmediato la inversión de capital y tecnología avanzada estadounidense y de otras partes del planeta.
Éstas no son sólo palabras. Se trata de experiencias muy concretas que ya se han visto en México, con el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), y en Chile —país que tiene un gobierno socialista pero ejercido por personas responsables e inteligentes, que gobiernan para el beneficio de su país y no para sus particulares intereses ni sometidos a dogmas ideológicos— con su tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos.
Por otro lado, los objetivos de los tratados de libre comercio en general y del DR-Cafta en particular, trascienden los intereses comerciales y la problemática económica, que ya de por sí son sumamente importantes. Los objetivos del DR-Cafta apuntan también al fortalecimiento de la democracia y del sistema de vida y de gobierno que se basa en la libertad individual, del mismo modo que se dirigen al desarrollo de una fructífera cooperación amistosa con Estados Unidos.
Por eso es que se oponen al DR-Cafta los sandinistas, cuyo proyecto político e ideológico pretende todo lo contrario, o sea mantener a Nicaragua en la pobreza, hacerlo dependiente de la solidaridad internacional de los “gobiernos revolucionarios” (Venezuela y Cuba) e igualar a todos los nicaragüenses en la pobreza; nunca en la riqueza y la prosperidad, las cuales quedan reservadas para el disfrute exclusivo de la nomenclatura revolucionaria.
Y esto no es una suposición. Es la amarga realidad que sufrió Nicaragua entre 1979 y 1990.
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