La Corte agrava la crisis
No cumplió la Corte Suprema de Justicia con la expectativa que tenían personas de buena voluntad, de que el supremo tribunal podría contribuir a resolver la crisis institucional con una resolución equilibrada, sobre los recursos por inconstitucionalidad que numerosos ciudadanos interpusieron en contra de las reformas constitucionales que fueron aprobadas en enero de este año. Por el contrario, con las tres resoluciones que dio a conocer el martes de esta semana, la Corte Suprema de Justicia prefirió satisfacer a los caudillos corruptos y pactistas, en vez de fallar de conformidad con los principios de derecho y justicia y de decencia en el ejercicio de la función pública.
De manera que la Corte ha echado más leña al fuego de la crisis institucional que sufre el país, pues obliga al Presidente de la República a no acatar esas resoluciones judiciales que no son ajustadas a derecho, sino que responden a los intereses de las cúpulas corruptas del FSLN y el PLC.
En efecto, la resolución de la Corte Suprema de Justicia para que un ex alto funcionario de la Policía Nacional que fue destituido de la institución, sea restituido en su cargo, es una intromisión en asuntos administrativos que competen constitucionalmente al Poder Ejecutivo, además que significa una peligrosa provocación de los magistrados contra el orden interno del organismo policial.
En lo que se refiere a la resolución de la Corte Suprema de Justicia que avala la sospechosa resolución de una jueza para darle libertad condicional a Arnoldo Alemán, el Poder Ejecutivo tampoco tiene por qué atenderla. En primer lugar porque fue dictada de manera irregular y además porque el Gobierno debe salvaguardar la seguridad nacional y la tranquilidad de los ciudadanos, y por lo tanto, no debe permitir que un reo utilice su prisión domiciliar como centro de conspiración contra las instituciones democráticas, ni que se movilice libremente con ese mismo propósito. El preso es preso y debe estar en el lugar y bajo la vigilancia que corresponde.
Y en cuanto a la resolución de la Corte que declaró válidas las reformas constitucionales dictadas en enero de este año, lo correcto es que el Presidente de la República mantenga con firmeza su acatamiento a la sentencia del 29 de marzo del año en curso, de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Como se recordará, la CCJ determinó en esa fecha que tales reformas constitucionales “violentan el derecho público y el Estado de Derecho en Nicaragua... atentan contra el equilibrio de los poderes del Estado que consagra la Constitución Política de la República de Nicaragua, siendo ellos actos de injerencia de la Asamblea Nacional en las facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo, al otorgar facultades de ratificación al Órgano Legislativo, de los nombramientos de ministros y viceministros de Estado de la Presidencia de la República, jefes de misiones diplomáticas, y presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales... Y siendo estos actos violatorios de lo establecido en el Derecho Público analizado, en los tratados y convenios internacionales y en los correspondientes a la Integración de Centroamérica, que goza de primacía y aplicación inmediata, son jurídicamente inaplicables y su ejecución hace incurrir en responsabilidad”.
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua partidarizada rechazó esa resolución de la Corte Centroamericana, y algunos juristas independientes han considerado que este tribunal regional no debería dirimir conflictos internos de los Estados. Pero el hecho es que la Corte Centroamericana tiene esa competencia porque se la concedieron en su Tratado constitutivo y en su Estatuto (artículo 22) y sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento para Nicaragua, de acuerdo con el mismo Estatuto.
En todo caso, la crisis institucional del país que la Corte Suprema de Justicia ha agravado con sus resoluciones de esta semana, no se resuelve sometiéndose el Poder Ejecutivo y la sociedad a resoluciones arbitrarias y autoritarias. Las disposiciones abusivas de los pactistas tienen que ser rechazadas porque no hay que permitir que se consolide una nueva dictadura en Nicaragua.
La crisis debe resolverse mediante la acción directa del pueblo, en la calle, o como resultado de las próximas elecciones en las que la mayoría democrática de los ciudadanos tiene que derrotar al FSLN orteguista y al PLC arnoldista. Ése es el único camino.
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