Roban dinero narco a CSJ
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Abogados, apoyados por jueces, sacan más de US$600 mil de una cuenta de la Corte Suprema de Justicia |
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Ese dinero había sido incautado a supuestos traficantes colombianos |
Jorge Loáisiga Mayorga y
Mirna Velásquez Sevilla
nacionales@laprensa.com.ni
Lograron su objetivo. El grupo de abogados que tramitó la libertad del colombiano Luis Ángel González Largo, condenado por lavado de dinero, sacó de una cuenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el Banco de la Producción (Banpro), más de 600 mil dólares que le fueron incautados al condenado, en abril del 2004.
De acuerdo con fuentes que prefirieron el anonimato, el Banpro habría emitido entre cinco y seis cheques de gerencia, con sumas superiores a los 100 mil dólares cada uno, de la cuenta de la CSJ, a nombre de Hernández, su esposa Leyla Bucardo y de otras dos personas que la fuente no supo precisar.
Los abogados implicados en este escándalo, que ha alcanzado a los magistrados de la Corte, serían la notaria Astrid Berenice Bracamonte Hernández y el Juez Suplente Segundo Penal de Juicio, Julio Morales, quien en este momento está asumiendo el cargo de Juez Sexto Penal de Juicio de Managua.
Otros de los implicados son el juez Moisés Rodríguez y los abogado Israel Zelaya y Javier Antonio López Poveda.
Este último no aparece registrado en la lista de abogados y notarios activos que la CSJ tiene en su página en Internet.
En la operación también se menciona a otros abogados que en agosto pasado intentaron sacar a González Largo mediante un recurso de exhibición personal presentado en el Tribunal de Apelaciones de Masaya.
LA PRENSA intentó conocer una versión de Bracamonte, pero no fue posible localizarla ni en su casa ni en la oficina que tiene en el Centro Comercial Nejapa. Tampoco respondió su celular.
En las cuentas de la Corte Suprema se encontraba este dinero desde el año 2004, después que un grupo de personas fueron capturadas con una llanta de vehículo repleta de dólares. Todos fueron procesados por lavado de dinero y otros delitos y fueron declarados culpables. La sentencia, sin embargo, fue apelada y el juicio no está firme.
CÓMO LO HICIERON
La “sustracción” de la millonaria suma de dinero se originó en un recurso de queja en exhibición personal contra los magistrados de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, relacionado a otro intento de sacar al colombiano en agosto pasado.
La Sala Constitucional elaboró un proyecto de sentencia en el que admitía la queja, pero el mismo aún no estaba listo.
En base a una certificación que emitió Bracamonte, de una sentencia que estaba copiada en el libro de votos de la Sala Constitucional de la CSJ, el juez Morales ordenó la libertad de González Largo y de su compañera Leyla Bucardo, más la entrega de los 600 mil dólares.
¿EN OFICINA DE MAGISTRADO ARGËELLO?
“... Certifico y doy fe, que el presente documento consta en un folio útil conforme su original y que contiene Sentencia No. 221 del día cinco de septiembre del año dos mil cinco, la cual tuve a la vista en el Libro de Votos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el día cinco de septiembre del año en curso a las tres de la tarde en el despacho del magistrado proyectista doctor Rogers Camilo Argüello Rivas...”, dice el texto de la certificación utilizada en la operación que sirvió para sacar el dinero de los narcos.
Bucardo fue liberada de la cárcel de mujeres. También lograron sacar el dinero, pero González Largo continuaba hasta anoche en el Penal de Tipitapa, según indicaron fuentes del penal.
Pese a que ambos estaban condenados a 10 años de prisión por lavado de dinero, y tienen otras dos causas penales pendientes, el juez Morales ordenó su libertad.
ROSALES: VIOLARON PROCEDIMIENTO
El presidente de la Sala de lo Constitucional, magistrado Francisco Rosales Argüello, expuso que un notario y un juez, a los cuales se negó a identificar porque dijo no saber quiénes eran, violaron procedimientos jurídicos para obtener la certificación de una sentencia, para poner en libertad al extranjero condenado por el delito de lavado de dinero.
“Al sacar esta certificación de manera incorrecta se vicia todo el proceso. Esto que ha sucedido vicia todo el proceso”, precisó Rosales.
El magistrado Rosales indicó que quienes firmaron el proyecto de sentencia fueron los magistrados, Rogers Camilo Argüello, Rafael Solís, Guillermo Selva y él, con el disentimiento del magistrado Iván Escobar Fornos. Aclaró que el magistrado Dámisis Sirias no firmó el proyecto de sentencia.
Consultado al respecto, el magistrado Sirias negó que haya estampado su firma en la sentencia en cuestión, porque el expediente nunca estuvo en sus manos.
“El proyecto yo no lo he leído, no lo he estudiado, por eso es que me sorprende que digan que está firmado por mí. A lo mejor alguien firmó, me falsificó la firma y no creo, pues. Les digo con firmeza, es totalmente falso de toda falsedad que yo haya firmado una sentencia”, sostuvo el magistrado.
Rosales dijo que aún no se habían cumplido todos los procedimientos para que el proyecto de sentencia sobre el recurso de queja en exhibición personal que se pedía a favor de Bucardo Chávez y Hernández se convirtiera en una resolución firme, pero fue utilizada para cometer actos que riñen con la legalidad.
Para que la resolución tuviera fuerza de sentencia era necesario que en el Libro de Votos de la Sala de lo Constitucional, en el proyecto de sentencia, estuviera estampado el “Ante mí” con la firma del secretario de la Sala.
“En el Libro de Votos de la Sala no está el ‘Ante mí’ del secretario de la Sala, del doctor Rubén Montenegro. La Sentencia del Libro de Votos está aquí, está la firma del doctor Solís, la mía, la firma de Rogers Camilo, la firma de Selva, y Dámisis Sirias no ha firmado. Hay un disintimiento de Iván Escobar, pero hace falta, para culminar este proceso, el Ante mí”, explicó Rosales.
“No me atrevería a calificar ningún delito, esto lo tendría que hacer la Fiscalía o el presidente de la Corte en su momento, ver cómo es que se obtuvo esa certificación, en este caso hubo sin duda alguna un acto reñido con la legalidad y producto de la desesperación del notario y del abogado”, expresó Rosales cuando se le preguntó si podría derivarse un delito.
Conforme al magistrado, el juez Julio Morales se extralimitó cuando pretendió cerrar la causa, cuya competencia “absoluta” la tiene la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, donde se tramita un recurso de apelación promovido por los procesados.
JUEZ
El juez Julio Morales, quien dictó la orden de libertad de los dos procesados y también ordenó la salida de los 609 mil dólares de las cuentas de la Corte, dijo estar dispuesto a someterse a una investigación al respecto, porque su actuación estuvo “apegada a Derecho”.
Agregó que a su despacho llegaron los abogados defensores de los dos procesados, acompañados por el juez ejecutor Moisés Rodríguez, llevando consigo una copia certificada de la sentencia que le ordenaba ponerlos en libertad.
“Recibí una certificación de la sentencia. No recuerdo el nombre del notario (que la firma) (...). Fue el doctor Rodríguez el que vino, y los abogados defensores, Israel Zelaya (era uno de ellos)”.
Morales se mostró contradictorio y además no supo explicar cómo es que él participó en este caso, siendo que el juicio principal se encuentra en manos de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones y él no tiene ninguna competencia para conocer del mismo.
“Ellos (los magistrados de la Corte) tienen la razón. Tampoco me he extralimitado. Cumplí las orientaciones del juez ejecutor. No lo acepto (que me extralimité)”, dijo, un tanto embrollado.
En cuanto al mandato que dio sobre la entrega del dinero, Morales dijo que esa orden la emitió en base a la orden que en su momento dio el juez Moisés Rodríguez, cuando fungió como juez ejecutor.
“Esa es decisión de la Corte, de la Sala, si le entrega o no (el dinero), yo no lo entrego. (La orden) la di yo, pero la primera orden la da Moisés Rodríguez como juez ejecutor”, sostuvo.
El juez evitó brindar la documentación que refleja la identidad de la persona que llevó la certificación hasta el Juzgado Sexto Penal de Juicio, aduciendo que el documento estaba resguardado por su secretaria, que en ese momento no se encontraba.
SIN ARGUMENTOS
Asimismo, el magistrado Rosales no tuvo argumentos para explicar cómo es que el Libro de Votos, bajo la custodia del doctor Rubén Montenegro, secretario de la Sala de lo Constitucional, fue sustraído para que se elaborara la certificación que dio paso a la libertad de Bucardo y la “liberación del dinero”.
“Es como cuando alguien se mete a su casa y le roba”.
-- ¿Se metieron a robar a la Corte?, preguntamos a Rosales, y su respuesta fue: “Prácticamente".
Declaró que no sabe quién es el notario que elaboró la certificación, porque no se había notificado a la parte contraria. Aseguró, además, que tampoco quedó en la Corte copia de la certificación. “Aquí hay hechos anómalos”, agregó.
El magistrado expresó que espera que la Fiscalía General de la República (FGR) ordene una investigación oficiosa para deslindar responsabilidades.
Añadió que él personalmente custodiará el Libro de Votos de la Sala de lo Constitucional, para evitar que ocurra otro caso similar.
El magistrado Iván Escobar Fornos, quien emitió un voto razonado, dijo que dado que el juicio principal es objeto de apelación y no está firme, el dinero debía mantenerse en las cuentas de la Corte Suprema.
El juez ejecutor Moisés Rodríguez afirmó que la semana pasada fue notificado de la supuesta sentencia y estaba satisfecho porque, según él, convalidaba todas sus actuaciones.
LA RUTA DEL “RELAVADO”
El 11 de agosto de 2005, al mediodía, la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Masaya, dominada por magistrados liberales, exhorta a la Sala Penal Uno de Apelaciones de Managua, a tramitar un recurso de exhibición personal a favor de Leyla Bucardo y Luis Ángel González Largo, por supuesta detención ilegal.
El magistrado Enrique Chavarría, presidente de la Sala Penal Uno de Apelaciones de Managua, integra Sala con la magistrada civil Juana Méndez, y nombran juez ejecutor a Moisés Rodríguez.
El 12 de agosto, a las 3:00 p.m., el juez Rodríguez emite una resolución que concluye que ambos reos están detenidos ilegalmente porque su detención ocurrió en San Marcos, Carazo, el 12 de abril de 2004 (pero en realidad fue en un hotel de Managua), por lo tanto cree que se violó la jurisdicción penal. Rodríguez ordena a dos jueces de Managua darles la libertad.
El 12 de agosto, la Juez Sexto Penal de Juicio, Miriam Guzmán, gira orden de libertad a favor de González Largo. En la tarde logran la libertad de Bucardo y en la noche intentan sacar a González Largo, pero el penal se opone, por lo que el mismo día la juez revoca la misma orden.
Ese día, la Juez Primero de Ejecución de Sentencia, Roxana Zapata, gira otra orden de libertad, la cual fue revocada por ella misma cuatro días después.
El 15 de agosto, el juez suplente Julio Morales (sustituyendo a la juez Guzmán que está de vacaciones) revoca la decisión de Guzmán y ordena nuevamente liberar al colombiano.
El 16 agosto, el Sistema Penitenciario no acata la orden del juez ejecutor "por ser ilegal y arbitrario el procedimiento".
Ese mismo día, la Sala Penal Uno revoca el nombramiento del juez ejecutor Moisés Rodríguez y declara nulo todo lo actuado por éste en las diligencias del recurso de exhibición personal promovido a favor de Bucardo y González Largo.
El 19 de agosto, Javier Antonio López Poveda, el mismo que promovió el recurso de exhibición personal, interpone en la Sala Constitucional de la CSJ un recurso de queja en exhibición personal contra los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones, por haber declarado nulas las actuaciones del juez ejecutor.
El cinco de septiembre de 2005, los magistrados de la Sala Constitucional, Rogers Camilo Argüello, Rafael Solís y Guillermo Selva, firman un proyecto de sentencia que ordenaba la libertad de Bucardo y González Largo. La sentencia fue copiada en el libro de votos de la Sala Constitucional, pero el secretario de la misma, Rubén Montenegro, no puso el "Ante mí", lo que hacía inválida la sentencia. El magistrado Iván Escobar Fornos disintió de sus colegas y no firmó la sentencia.
Ese mismo día, la abogada Astrid Berenice Bracamonte Hernández libra una certificación en la cual dice haber tenido a la vista en el libro de votos la sentencia número 221.
Dos días después, el juez Julio Morales ordena la libertad de Bucardo y González Largo, y ordena que el Banco de la Producción libere el dinero.
Pero fue hasta el 13 de septiembre que el supuesto abogado Javier Antonio López Poveda pidió una certificación de dicha sentencia para darse por notificado de la misma.
El 21 de septiembre, López repite la solicitud ante la Sala de lo Constitucional, la cual fue recibida a las dos de la tarde por el secretario de dicha sala.
INVESTIGACIÓN
La fiscal adjunta María Lourdes Bolaños no descartó que haya una investigación pero que la decisión final la dará el fiscal general Julio Centeno, quien se encuentra en Costa Rica, para quien ella está preparando un informe sobre lo ocurrido. “Él será quien tome la decisión”, afirmó.
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