Algunas autoridades del Consejo Supremo Electoral y representantes del FSLN están atacando y descalificando la observación electoral, particularmente la de la Organización de Estados Americanos (OEA). Tales ataques provienen particularmente del Consejo Supremo Electoral (CSE) y del FSLN, que es uno de los partidos que más posibilidad tiene de ganar las elecciones del 5 de noviembre, pero por un margen muy estrecho. Y por eso mismo los ataques contra la observación electoral son mucho más preocupantes.
No podemos asegurar que haya coordinación entre el CSE y el FSLN para descalificar la observación electoral en Nicaragua. Pero llama la atención que sólo la parte prosandinista del CSE es la que está arremetiendo contra los observadores electorales, prácticamente al mismo tiempo y con los mismos argumentos con que lo hace el candidato presidencial del FSLN, Daniel Ortega Saavedra.
La observación electoral ha demostrado ser muy útil en Nicaragua y muchas otras partes del mundo democrático y naciones en vías de democracia. En términos generales la observación electoral sirve para disuadir las intenciones de hacer fraude, o para denunciarlo. Es eficaz también para darle a los ciudadanos confianza en las elecciones, en los países que han vivido bajo la dominación de regímenes autoritarios y totalitarios. Y casi siempre ha sido un método apropiado para descubrir —y donde es posible, evitar— errores y manipulaciones tanto en la logística como en otros actos de organización electoral que distorsionan la manifestación legítima de la voluntad y la soberanía popular.
En Nicaragua, la observación electoral se comenzó a practicar en 1990, con motivo de las históricas elecciones de febrero de ese año, cuando la población votó para escoger —y escogió bien— entre la continuación de un régimen autoritario y la apertura hacia una forma de vida basada en la libertad y un sistema de gobierno fundado en la democracia.
En aquella ocasión, un sector de las fuerzas democráticas nicaragüenses acusó a la observación electoral internacional de haber permitido que mediante un “recuento” de votos se manipularan cifras de las votaciones, que le impidieron a la UNO tener en la Asamblea Nacional los votos suficientes para erradicar el poder del FSLN. Supuestamente, los observadores internacionales habrían permitido esa manipulación fraudulenta, para que los comandantes sandinistas pudieran reconocer su derrota electoral.
Sin embargo, y a pesar de que las misiones de observación electoral también estuvieron involucradas en la imposición de un acuerdo de transición, que le permitió al FSLN conservar gran parte de su poder y preservar algunas de sus “conquistas revolucionarias”, la supervisión internacional fue determinante para que las elecciones del 25 de febrero de 1990 abrieran las puertas a la democracia en Nicaragua.
En las siguientes elecciones la presencia de observadores electorales extranjeros, y más recientemente de observadores nacionales, ha ayudado bastante a mantener la confianza de los ciudadanos en las elecciones. Y ahora, en el proceso electoral que está en desarrollo y que desembocará en las votaciones del próximo 5 de noviembre, la observación electoral —sobre todo la internacional— vuelve a cobrar una significación tan grande como la que tuvo en los comicios de febrero de 1990.
Primero, porque el pacto libero-sandinista ha causado mucho daño a la institucionalidad democrática del país y recreó la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones estatales, incluyendo ante todo al Consejo Supremo Electoral. Segundo, porque la obsesión que tiene Daniel Ortega de volver a ser Presidente de Nicaragua, y el predominio de su partido sobre el Poder Electoral, hacen temer alguna manipulación de las elecciones a favor del caudillo sandinista. Y tercero, porque las votaciones de noviembre podrían producir un resultado muy parejo entre Ortega y alguno de los candidatos democráticos; y en tal caso sería muy fuerte la tentación de hacer un “pequeño” fraude para proclamar al candidato sandinista, aunque perdiera la elección.
De manera que es cuestión de vida o muerte, para la democracia nicaragüense, que los ciudadanos democráticos vayan masivamente a votar el 5 de noviembre; así como también es primordial que haya una observación amplia, confiable y eficaz por parte de la comunidad democrática internacional, para garantizar un escrutinio honesto y el respeto escrupuloso a la decisión de los ciudadanos, cualquiera que sea.
