Empresarios del transporte y comerciantes de El Salvador se declararon “desesperados” ante las continuas y crecientes extorsiones por parte de pandillas, que cobran “impuestos” hasta de medio millón de dólares mensuales a cambio de no atentar contra la seguridad y bienes privados, informaron fuentes del sector.
“Las extorsiones, la destrucción de bienes de nuestras empresas por parte de las pandillas están a la orden del día (...) y lo que es más grave es que se atenta contra la integridad física de las personas por causa de las extorsiones, se debe poner paro inmediato a este clima de zozobra”, aseguró a la prensa Catalino Miranda.
Miranda, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte (Fecotrans), la gremial más grande de microbuses de transporte público, aseguró que “diariamente los empresarios deben de pagar un impuesto a los pandilleros si no desean tener represalias”.
En El Salvador operan las temidas pandillas Mara Salvatrucha (MS) y la Mara 18, integradas por decenas de miles de jóvenes, muchos de ellos inmigrantes deportados de Estados Unidos.
Según datos de Fecotrans, en la mayoría de las rutas de microbuses las pandillas han establecido cuotas de entre tres y cinco dólares diarios por unidad.
“Es rentable para las pandillas el negocio de la extorsión al transporte, y sólo para que se hagan las cuentas cabe decir que hay sectores de autobuses que están pagando hasta medio millón de dólares mensuales a las pandillas y las autoridades no hacen nada al respecto”, se lamentó el presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), Genaro Ramírez.
Los empresarios de buses y microbuses de transporte colectivo son de los más afectados por las extorsiones de las pandillas, que cobran ese “impuesto” para dejar trabajar en paz a los empresarios, de lo contrario se exponen a que se asesine a sus empleados o se quemen sus vehículos.
No obstante, las extorsiones de pandilleros también alcanzan a otros sectores del comercio, desde almacenes hasta pequeños negocios en barrios, que también deben pagar el “impuesto” a las “maras”.
“Lo que pedimos a las autoridades es que tomen cartas al respecto, las quejas de los socios y no socios por causa de las extorsiones de pandilleros crecen cada día”, aseguró el presidente de la filial de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES) en la ciudad de San Miguel, René Aparicio. Según Aparicio, “algunas” empresas en San Miguel, 139 km al este de San Salvador, han tenido que pagar mensualmente entre 1,200 y 1,400 dólares a las pandillas para salvaguardar su seguridad.
“El problema en San Miguel es cada día peor, no sólo empresarios de buses, taxistas y comerciantes están sufriendo por este problema, hoy hasta a las pequeñas tiendas en las colonias, a la gente del mercado, les están exigiendo que paguen la extorsión”, aseguró el Alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado.
El Ministro de Gobernación, René Figueroa, tras reconocer el problema, instó a los empresarios “a que denuncien esos casos para proceder con toda la fuerza de la ley”.
“Queremos que realmente la policía haga algo, que no dejen pasar el problema, de lo contrario serán los mismos empresarios los que deberán tomar las medidas necesarias de seguridad, y eso significa que vamos a tener que defendernos por nuestra cuenta”, advirtió Miranda, quien en lo personal ha sufrido la quema de al menos de media docena de microbuses de su propiedad.
