La crisis de los servicios públicos, reflejada en los racionamientos de hasta doce horas y la falta de agua durante días en algunas zonas, es una grave violación a los derechos humanos, señala en un pronunciamiento oficial la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

El Procurador de Derechos Humanos por la ley, Adolfo Jarquín, responsabilizó de esa violación al Gobierno de Nicaragua, por supuestamente no garantizar los derechos fundamentales de los nicaragüenses.

La Constitución de Nicaragua, en su artículo 105, establece que es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos de energía, comunicación, agua, entre otros. Sin embargo, “el manejo gubernamental no está dando ninguna garantía para la población”, recalcó Jarquín Ortel.

El Procurador por la ley también calificó como “un parche que no soluciona el verdadero problema energético” la decisión de emitir letras del tesoro por nueve millones de córdobas para garantizar el pago a Unión Fenosa.

Por su parte, el Procurador especial de participación ciudadana, Sixto Ulloa, aseguró que las medidas deben ser urgentes, porque la crisis pone en peligro la situación electoral en Nicaragua.

De acuerdo a Ulloa, el proceso electoral ha sido gravemente atrasado por los cortes energéticos.