Miles de trabajadores del sector público de Costa Rica desfilaron este miércoles por las calles de la capital para protestar contra la eliminación de beneficios laborales y para oponerse a la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que una Comisión del Congreso empezó a discutir esta semana.
A un día de que se cumpla el primer mes de gobierno del Premio Nobel de Paz, Oscar Arias, los trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (empresa de energía y telecomunicaciones), bancarios, seguros, salud y del magisterio, entre otras instituciones del Estado, desfilaron coreando consignas contra el DR-Cafta y la Sala IV (Tribunal Constitucional), que en fallos recientes anuló cláusulas de las convenciones colectivas de trabajo.
“En defensa de los derechos laborales, no al TLC”, “Sala IV no se robe nuestras prestaciones”, “Fuera manos de la seguridad social”, decían pancartas que portaban los manifestantes, que culminaron la protesta frente a la sede del Poder Judicial, muchos de ellos cubiertos por paraguas a causa de una llovizna.
En un manifiesto leído al final de la protesta, los dirigentes sindicales retaron, llamándolos por su nombre, a los principales empresarios del país y dueños de medios de comunicación a que acepten un debate público sobre las implicaciones del tratado y “los llamados privilegios” que les atribuyen a los trabajadores en el marco de las convenciones colectivas de trabajo.
En ese debate “nosotros esperaríamos que ustedes nos hablaran (también) de los Certificados de Abono Tributario (CAT), de los Certificados de Abono Forestal (CAF), de los incentivos turísticos, del funcionamiento de la banca “off shore”, de los cánones anuales de las frecuencias radiales y televisivas, del pago de tributos y las formas de evasión fiscal” y otros beneficios que han estado recibiendo del Estado, señala el documento.
“Esta ha sido una manifestación exitosa y muy importante en el contexto de la lucha contra el TLC, porque lo que nosotros estamos sintiendo es que Costa Rica (si se aprueba ese tratado) tiene que homologar hacia abajo su legislación laboral para ser igual a Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador”, dijo Albino Vargas, secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
