Por la extensión de la pista clandestina de aterrizaje descubierta por la Policía se presume que la célula del cártel de Sinaloa en Nicaragua, esperaba un gran cargamento de cocaína a través de la vía aérea.
Esta es la apreciación que tienen las autoridades, según aseguró el Fiscal Rodrigo Zambrana, durante la audiencia preliminar efectuada ayer en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencia de Tipitapa, en contra de 21 sospechosos remitidos por el delito de financiamiento al narcotráfico y a tres de ellos por tenencia y uso de armas restrictivas de parte de la Policía Nacional y el Ejército.
De éstos, 11 fueron acusados como coautores y otros 12 como colaboradores necesarios de ese delito.
Según Zambrana en poder del mexicano David Ricardo Alvarado Zazueta, encontraron tarjetas de crédito visa Express, tarjetas de crédito del Banco Azteca, por lo cual es considerado entre los principales financistas, ya que contaba con el dinero plástico y celulares para garantizar la operación narco.
Y aunque los defensores alegaron que no existían suficientes elementos para demostrar la implicancia de éstos con el narcotráfico, pues no existe cargamento de cocaína incautado, el representante del Ministerio Público explicó que el artículo 50, de la Ley 285, de Control de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, establece este tipo de delito.
Recordó que éstos contaban con armas como Ak y granadas encontradas en los sitios donde residían y que fueron utilizadas para la vigilancia y construcción de la pista clandestina, así como la vigilancia de otros inmuebles.
Además de facturas de bienes y otros documentos como el testimonio de la escritura de compra-venta de la finca La Ceiba, donde fue construida la pista, como elementos de prueba, la Fiscalía cuenta con pruebas testimoniales así como el testimonio del especialista de la técnica de Ionscan practicada en el vehículo placas 090-598, en el cual se movilizaban los sospechosos y cuyos resultados fueron positivos.
Relación de los hechos
El 19 de marzo del presente año, Carlos Cisnado Pasos se presentó a la finca La Ceiba, para comprarla personalmente a Uriel Ignacio Morales Úbeda. El precio acordado fue de 150 mil dólares, de ese total entregó en efectivo 113 mil dólares.
De inmediato Cisnado tomó posesión de la finca y en ese momento dejó como administrador a su acompañante Pedro Pablo Olivas, quien fue que posteriormente llevó la maquinaria, un patrol baukema, adquirido con el objetivo de limpiar y quitar la maleza para la construcción de la pista de aterrizaje clandestina. Esta gente gozaba de abastecimiento de combustible para lo cual utilizaron una pipa, la que al igual que otros vehículos fueron embodegados en lo que el fiscal consideró su centro de operaciones y apoyo logístico, ubicado frente a la gallera en Tipitapa, sitio donde permanecieron desde el 21 de marzo.
Los acusados como coautores fueron: Cisnado, Olivas, Alvarado Zezueta, Juan Pablo Cruz, Víctor Bonifacio Herrera Lanzas, José Juvenal Mendoza González, Arturo Ramón Gaspar Rubi, Emiliano Rodas Pérez, conocido como José Rodríguez Guzmán y/o José Luis Monjarrez, Luis Ángel Vale Serrano, Juan Rosales Castañeda, Carlos Guillermo Arvizura y/o Sergio Enríquez Álvarez Morales.
Como coautores del delito de financiamiento están: Osonier Emir, Pablo Antonio Arturo, Edén Herrera Herrera, Jeremías Úbeda Prado, Marvin Uriel Gadea Blandón, Santos Tomás Reyes Urbina, Samir Antonio Valenzuela Castro, Jesús Javier Flores Vega, Jimmy Arcadio Alegría Álvarez y Freddy Antonio Centeno López.
Mientras que Arvizura Rodas, Mendoza González, Gaspar Rubio también fueron acusados como coautores del delito de tenencia y uso de armas del Ejército y la Policía.
La Juez de Distrito Penal de Audiencia de Tipitapa, Victoria López, ordenó prisión preventiva en contra de los 21 acusados y programó la audiencia inicial para el 23 de abril.
