En medio de la escasez de agua potable que viven miles de familias en Juigalpa y Matagalpa, el Fondo de Inversión Social para la Emergencia (FISE) decidió clausurar dos dependencias que buscaban soluciones a este problema y despidió a 44 personas, entre obreros, técnicos y personal administrativo.
En Juigalpa el Gobierno cerró la Dirección de Acueductos Rurales (DAR) aduciendo falta de presupuesto.
En Matagalpa fueron despedidos 27 empleados de la Gerencia de Acueductos Rurales (GAR), pero los sindicalistas luchan para obtener la indemnización de los cesanteados.
En el caso de la DAR, dirigentes sindicales señalaron que era una área importante, ya que desde hace años beneficiaba a la población rural de Boaco y Chontales con la perforación de pozos, la ejecución de sistemas de agua potable por gravedad, por bombeo y eléctrico. También impulsaba proyectos de letrinificación.
El DAR dejó de funcionar la semana pasada y el FISE notificó a los despedidos que no cuentan con recursos para sostener el programa.
Inicialmente la DAR era una dependencia de la Empresa de Acueductos Rurales (Enacal), de Chontales, pero en el 2004 pasó a ser administrada por el FISE, de acuerdo con un decreto del gobierno del ex presidente Enrique Bolaños.
Perla Azucena Bustillo, una de las despedidas, quien se desempeñaba como analista de sistemas en la DAR, dijo que ahora que quedó en el desempleo no sabe de qué va a sobrevivir, aunque confía que la institución la liquide conforme al convenio colectivo.
Al igual que ella, Kester Bermúdez, otro despedido, también espera que el Gobierno lo liquide como lo prometió.
De los 23 trabajadores que laboraban en la DAR, 17 fueron despedidos y seis se pasaron a Enacal por sus propios esfuerzos, ya que necesitaban de un trabajo.
El ex director de la DAR, en Chontales, Luis Meza, quien también fue despedido, manifestó que debido a que el Gobierno a través del FISE no cuenta con recursos cerró el programa.
Advirtió que por el momento no demandará a la institución, siempre y cuando lo liquiden conforme al convenio colectivo vigente.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pagaba las construcciones de los proyectos y el Gobierno de Nicaragua financiaba la parte operativa.
Según Meza, el Gobierno anterior dejó un presupuesto raquítico de más o menos un millón de córdobas a nivel de la región para la perforación de pozos y para la ejecución de los diferentes sistemas de agua potable y lo que necesitaba la DAR eran tres millones 600 mil córdobas en el año.
Asimismo detalló que anualmente perforaban de 40 a 50 pozos rurales y ejecutaban anualmente dos o tres sistemas de agua, ya sea por bombeo, por gravedad o eléctrico, debido a que desde el 2003 dejaron de construir letrinas.
Con el cierre de la DAR, la población rural de Boaco y Chontales dejará de beneficiarse principalmente con la perforación de pozos y con los distintos sistemas de agua potable, debido a que era el único programa que llegaba a lo más recóndito de esos departamentos.
Más problemas en Matagalpa
En Matagalpa los sindicalistas despedidos de la GAR fueron citados para que comparezcan hoy, junto a la presidenta de Enacal, Ruth Selma Herrera, ante el Ministerio del Trabajo en Managua.
Juan García Blandón, secretario general del Sindicato Democrático de la clausurada Gerencia de Acueductos Rurales (GAR) en Matagalpa, adelantó que durante el encuentro “no pensamos pedir el reintegro porque tenemos dignidad”.
“No queremos trabajar con una persona que no respeta los derechos humanos y que no respeta los derechos de los trabajadores, entonces vamos a plantear que nos pague la liquidación y nos vamos”, agregó el sindicalista, uno de los 27 trabajadores despedidos tras el cierre de la GAR.
García indicó que la liquidación debe corresponder a lo establecido en la Cláusula 23 del Convenio Colectivo, la cual establece que “los trabajadores con más de ocho años de trabajar para la empresa se les pagará, por los primeros ocho años de trabajo, ocho meses de salario; y desde el noveno año hasta un máximo de 22 años se les dará 15 días de salario”.
En el caso de Matagalpa, 24 de los 27 trabajadores despedidos llevaban más de ocho años laborando para la GAR.
“Como entre los despedidos habemos sindicalistas y ya que ella (Herrera) nos violentó nuestros derechos y nos corrió pasando por encima del fuero sindical le vamos a pedir una doble indemnización”, expresó García.
Para el sindicalista, el despido de los empleados de la GAR en Matagalpa contradice “lo que el Gobierno había dicho que íbamos a tener más empleos”.
García señaló que con el cierre de las GAR en Estelí, Chontales y Matagalpa, la presidenta de Enacal tendrá que explicar el destino de los recursos que había asignado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para la perforación de pozos en zonas rurales.
Las autoridades de Enacal guardan silencio sobre el tema.
“En el caso específico de Matagalpa, estaba prevista la perforación de 40 pozos para este año”, dijo García.
