La transacción de compra-venta entre los gobiernos de Nicaragua y Venezuela de las plantas de diesel para la generación de energía violó la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 363), en la cual se establecen los procedimientos que regulan la adquisición de bienes efectuados por el sector público, mediante una licitación.
En esto coincidieron ayer el experto en Derecho Económico, Roberto Gutiérrez Calonge y los legisladores de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) Eliseo Núñez y Eduardo Montealegre, así como el director del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo.
Gutiérrez Calonge indicó que la adquisición de dichas plantas debió ser sometida a una licitación de acuerdo con la legislación, principalmente por el monto de la transacción (100 millones de dólares).
La Ley de Contrataciones del Estado establece que se debe convocar a una licitación cuando la contratación supera los cien mil córdobas.
“Independientemente de quién las haya traído, a quién se las hayan comprado y quién va a ser el último adquirente, se debió haber cumplido con el procedimiento”, expuso el jurista, quien recalcó la importancia del cumplimiento de las leyes y del Estado de Derecho.
ALN: ALTOS COSTOS AL PAÍS
El diputado Eliseo Núñez, presidente de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, coincidió con el especialista, al decir que la estatal Generadora Eléctrica Central, S.A. (Gecsa) “incumplió” con los mandatos de la ley nicaragüense al comprar las plantas venezolanas.
Esto le está costando al Estado, según Núñez, 30 mil dólares diarios, casi un millón de dólares por mes, debido a que el precio anda por los 150 dólares por megavatio en el 60 por ciento de la producción, aunque el restante 40 por ciento cuesta 91 dólares.
El diputado insistió en que esto debe ser suficiente excusa para continuar utilizando las plantas sólo en caso de “estricta” emergencia, cuando haga falta generación, daños en otra planta o sequía.
Otro que coincidió con el experto fue el director del INE, quien dijo que si bien las plantas salen caras, su compra “salvó” al país de la crisis que se esperaba, ya que garantizan 60 megavatios, que sumados a los 40 megavatios que Unión Fenosa contrató en Guatemala se logra un balance entre la oferta y la demanda de la energía.
En tanto el jurista opinó que en este caso hay que tomar en cuenta que se está resolviendo el problema energético que sumió al país en una profunda crisis en los meses anteriores.
El diputado Eduardo Montealegre enfatizó que Nicaragua podría haber pagado menos por la generación eléctrica si se hubiese contratado en otros países en lugar de comprar directamente plantas generadas con diesel.
