Las apariencias engañan. A pesar de que el Gobierno ecuatoriano se declaró a favor de la minería, que en Ecuador todavía está en pañales, la Asamblea Constituyente, dominada por los partidarios del presidente Rafael Correa, decidió poner más trabas a la industria. La Asamblea tomó por sorpresa a las compañías que estaban en las negociaciones de las condiciones de sus contratos y a los mismos técnicos del Estado a los que se les había encargado adelantar los diálogos con los inversionistas.
Es una más de las señales contradictorias enviadas por el Gobierno del socialista Rafael Correa al sector privado y podría costarle al país la pérdida de al menos US$2,000 millones en inversiones durante los próximos dos años, considerando sólo lo que los cuatro mayores proyectos mineros demandarían en inversión inicial.
Las titulares de estos proyectos son las empresas canadienses EcuaCorriente, Aurelian Resources, IMC y IamGold. Sólo los depósitos de minerales explorados por estas cuatro firmas representan US$ 110,000 millones en reservas de oro, cobre, plata y molibdeno.
El asesor del presidente Correa en temas mineros, el geólogo Agustín Paladines, reconoce que el país no podrá desarrollarse sin actividad minera. “Sólo hemos hecho, hasta ahora, minería artesanal, contaminante y de baja productividad. Nuestra producción de metales no pasa de 800 toneladas diarias”, dice.
Sin embargo, el mandato expedido por la Asamblea no sólo revierte el 80 por ciento de las 4,112 concesiones mineras existentes. “También prohíbe que una empresa tenga más de tres títulos de concesión, lo que hará inviable la explotación de algunos de los proyectos mineros más grandes”, dice Javier Cruz, director ejecutivo de la Cámara de Minería de Ecuador.
La Asamblea también decretó una suspensión de actividades hasta que se expida una nueva ley de minería, algo que puede tardar por lo menos un año, considerando que el Congreso fue disuelto por la Asamblea y que la nueva legislación deberá ser aprobada por un parlamento que no existe. “Ese mandato vulnera la confianza de las empresas en momentos en que se habían abierto las puertas del diálogo con el Gobierno”, dice Jorge Barreno, presidente encargado de la Cámara de Minería.
El forcejeo entre el ala más pragmática del Gobierno y la facción ecologista, encabezada por el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, y la ex secretaria de Comunicación de Correa y ahora asambleísta, Mónica Chuji, ha venido desdibujando la posibilidad de que Ecuador desarrolle su industria minera, a pesar de que los primeros estudios indican que el país tiene mucho potencial en cobre y oro.
El gigante productor de oro Gold Fields estaba interesado en invertir en Ecuador, pero canceló tres veces las visitas de sus ejecutivos porque “cada vez que iban a venir, pasaba algo”, dice Cruz. Hace dos meses Barrick, otra de las grandes del sector, decidió abandonar sus trabajos de exploración de oro y buscar un destino menos inestable.
Y es que la bonanza en los precios de los minerales ha llevado a las naciones con potencial minero a disputarse, literalmente, las inversiones destinadas al sector. Mientras Ecuador está todavía indeciso, otros países de la región optan por enfoques más agresivos. Es el caso de Colombia, que organizó un día de conferencias en la Feria Mundial de Minería de Toronto a principios de marzo, donde se vendió como un país con potencial minero y con una legislación amigable. Por su parte, Perú aprovechó la oportunidad para promocionar su octavo simposio internacional sobre oro y su convención minera número 29, además del nuevo segmento de Capital de Riesgo de la Bolsa de Valores de Lima para financiar proyectos mineros. El presidente del Instituto Brasileño de Minería, Paulo Penna, anunció que su país quiere modernizar leyes para atraer más capital. Incluso Afganistán hizo un fuerte trabajo de promoción de sus yacimientos de piedras preciosas durante la feria.
A pesar de la mala reputación de Ecuador, los proyectos de oro de Aurelian y de cobre de EcuaCorriente, que son los mayores descubiertos hasta ahora en el país y dos de los más grandes prospectos identificados en el mundo en los últimos 20 años, son seguidos de cerca por los inversionistas externos, dado su tamaño y su potencial. El depósito de Aurelian, conocido como Fruta del Norte, al sur del país, tiene 13.7 millones de onzas de oro y 22 millones de onzas de plata, mientras que EcuaCorriente ha identificado reservas por 26,500 millones de libras de cobre en cinco yacimientos.
Pero antes de arriesgar su capital, los inversionistas quieren ver la firma de un acuerdo de estabilidad entre el Gobierno y las mineras, para evitar sorpresas como la que acaba de dar la Asamblea Constituyente, o posibles expropiaciones.
UNA REFORMA NECESARIA
Las compañías están de acuerdo en que la actual Ley de Minería debe ser reformada. La percepción del Gobierno es que esa norma “es entreguista”, pero no comparte el criterio de que las actividades mineras deban suspenderse hasta que se apruebe una nueva ley. El problema es que la discusión de la reforma abandonó el ámbito técnico para caer en el campo político. “Los ambientalistas ganaron la batalla de entrada porque nosotros, los geólogos y los técnicos, nos demoramos en explicarle al país las ventajas de la minería moderna de alta tecnología”, dice Paladines.
Para reforzar su tesis de que Ecuador debería decretar una moratoria minera, los ambientalistas han explotado el caso de Ascendant Copper, una empresa canadiense que anunció haber encontrado al norte de Ecuador un megayacimiento de cobre similar o mayor que el de La Escondida en Chile. No obstante, el año pasado el Gobierno descubrió que la empresa estaba exagerando sus reportes de reservas, cuyo tamaño, según Paladines, fue inflado cuatro veces, un escándalo que hundió el papel de la compañía en la Bolsa de Toronto y que llevó al Gobierno a cancelar sus concesiones en el país. Para contrarrestar la imagen que desencadenó Ascendant y la idea de que el país iba a salir perdiendo en el negocio, los técnicos del Gobierno organizaron un debate nacional en torno a la nueva Ley de Minería y una serie de charlas con las comunidades indígenas vecinas a las minas. Pero con el nuevo mandato de la Asamblea todo el proceso se ha retardado.
Hasta ahora sólo se sabe que la nueva norma incluirá la figura de pago de regalías, que deberá hacerse no sobre concentrado (el material que sale de las minas y en el que se mezclan varios metales), sino en lingotes, es decir, metales refinados, lo que supone que las empresas mineras deberán construir plantas de refinación.
Las comunidades vecinas de las minas recibirán un porcentaje de las regalías, una figura que suena bien en el papel, pero que en Colombia no ha producido buenos resultados a juzgar por el caso de Putumayo, una región rica en petróleo que ha recibido regalías durante años y que, sin embargo, sigue siendo una de las zonas más pobres y conflictivas de Colombia.
Por otro lado, los nuevos contratos mineros tendrán precios referenciales para cada metal, de manera que las ganancias extraordinarias que se produzcan cuando los valores de los metales superen esos precios serán repartidas entre el Estado y las mineras a razón de 70 por ciento para el primero y 30 por ciento para las segundas, como sucede con el petróleo.
Esta medida tiene un impacto bajo para las empresas que se dedicarán a extraer cobre, como la canadiense EcuaCorriente, que es titular de una concesión para explotar los depósitos de Mirador, Mirador Norte, Panantza y San Carlos, todos en Zamora Chinchipe, pero afecta a las interesadas en extraer oro. Esto porque “los proyectos de oro tienen plazos en general entre 10 y 20 años de duración, menores que los del cobre”, dice Ian Harris, presidente ejecutivo de EcuaCorriente. “Además los precios del oro son mucho más volátiles que los del cobre”.
La cláusula del 70-30 ya ha sido probada sin éxito en otros países, como Canadá y Mongolia, según Dominique Channer, presidente de Aurelian. Aurelian proyecta invertir, en total, unos US$1,000 millones, pero Channer cree que si no se ofrecen compensaciones, lo que también es materia de negociación con los técnicos del Estado, el esquema del 70-30 podría “matar a la industria minera porque es un impuesto que no refleja los costos operativos de las empresas y les resta utilidad a las operaciones durante los mejores años”. Según sus cálculos, para que los bancos internacionales accedan a financiar proyectos de minería en un país como Ecuador, los proyectos deben tener al menos una rentabilidad de 17 por ciento. “El Gobierno ecuatoriano podría recibir de 45 a 50 por ciento de los beneficios de cada proyecto, entre Impuesto a la Renta, regalías, IVA, aranceles y repartición de utilidades a los empleados”, dice Channer. No suena. Claro, siempre y cuando algún día Ecuador se decida a permitir la minería.
