El 10 de enero de 2007, durante su investidura como Presidente, Daniel Ortega les recordó a los jefes de la Policía y el Ejército sus orígenes sandinistas. “Vamos a juramentar a nuestros hermanos policías que vienen de las raíces más profundas de las luchas heroicas del pueblo nicaragüense, que vienen del 19 de julio de 1979”, dijo Ortega antes de juramentar a una sonriente Aminta Granera, que 22 meses después de aquella ceremonia se enfrenta a la más profunda crisis sufrida por la Policía Nacional desde la transición democrática de 1990. La sonrisa se ha borrado del rostro de la primera comisionada.
Granera ha vivido en las últimas semanas sus momentos más críticos desde que asumió el mando de la Policía. El país ha sido sitiado por partidarios del Gobierno que se han convertido en la nueva autoridad en las calles. Son ellos los que deciden si se desarrollan o no marchas de organizaciones opositoras y los que controlan el tránsito por varias zonas de Managua. La delincuencia ha registrado un repunte en los últimos meses. El Ejecutivo pretende incrementar su influencia en la institución, destituyendo colaboradores cercanos a Granera y ascendiendo a oficiales supuestamente leales al Gobierno. Y como si fuera poco, la institución se debate en dos corrientes, la que lucha por mantener el grado profesional adquirido en 1990 y la que se decanta por el partidismo que marcó los orígenes de la Policía, a los que hizo alusión Ortega el día de su investidura.
Los analistas afirman que Granera encabeza ese grupo que lucha por la institucionalidad de la Policía, a pesar de que ella formaba parte de los oficiales que llegaron provenientes del viejo Ministerio del Interior y crearon la primera división en la institución. Roberto Orozco, experto en temas de seguridad, explica que esos ex miembros del Ministerio del Interior, entrenados en “técnicas de conspiración política”, supieron hacerse con el poder de la Policía y tras la transición de 1990 ocuparon importantes cargos dentro de la institución.
“Esta gente jugó políticamente con los gobiernos democráticos para ganar favores políticos. Ninguno de los jefes que ha tenido la Policía formaba parte de los fundadores. Aminta era secretaria ejecutiva del Ministerio del Interior”, explica Orozco.
Ese pasado sandinista ha recobrado fuerza dentro de la Policía ahora que Ortega regresó al poder. “Exacerbó los ánimos dormidos”, en palabras de Orozco, quien explica que miembros de la institución empezaron a relacionarse y estrechar vínculos con el FSLN tras el triunfo de 2006, con el fin de “congraciarse” con el presidente Ortega con la vista puesta en el reemplazo de Aminta Granera. El resultado de ese “renacer” partidista en la Policía, ha generado una crisis política “extraordinaria, fuera de lo normal”, como afirmó la semana pasada el diputado liberal José Pallais.
“Podemos distinguir dos especies de línea en la Policía, una institucional, que la reconocemos en Aminta Granera y la base policial; pero es evidente que hay una línea partidaria, que parte a la Policía y la hace retroceder gravemente”, advirtió el jueves Gonzalo Carrión, del Cenidh.
Un año después de su investidura, el 10 de enero de 2008, Daniel Ortega se presentó a la Asamblea Nacional para leer el informe de su primer año de gestión a los diputados, cuerpo diplomático y funcionarios de instituciones del Estado. De paso, aprovechó la oportunidad para criticar a la Policía, cuya jefa ocupaba uno de los primeros curules de la cámara parlamentaria.
“Independientemente de sus valores como revolucionarios que tenían, sus valores como luchadores, (algunos policías) empezaron a caer en las garras de la descomposición del capitalismo salvaje... Ya fue Nicaragua el país más seguro de Centroamérica, pero ya no con una distancia de mil a uno, sino con una distancia de uno a siete, de uno a ocho”, afirmó Ortega, quien además dijo que la Agencia Antidrogas (DEA) pagaba salarios a los oficiales.
La respuesta de Granera vino en septiembre pasado, durante el 29 Aniversario de la Policía Nacional, cuando afirmó que la institución que dirige “está en pie por los valores exigidos e inculcados: el apego a ley, la apoliticidad de la actuación policial, el carácter vertical de nuestra institución, la disciplina férrea, el respeto y obediencia a los poderes constituidos, la verdad, el honor, la honestidad, el profesionalismo y la capacidad de servicio, son la verdadera fortaleza de esta Policía”. Los roces entre Granera y el Gobierno habían quedado en evidencia. Pero, según los expertos, también había quedado en evidencia la estrategia de Ortega para dominar a la Policía: el mandatario había enviado a retiro, sin explicación ni justificación, a seis comisionados mayores que gozaban de la confianza de Granera, y había ascendido a tres funcionarios de la institución, entre ellos Francisco Díaz, jefe de seguridad pública, consuegro de Ortega y la persona más cercana en la línea de sucesión a Granera. Con esa maniobra “Daniel maniataba a la Policía”, explica Roberto Orozco. “Fue un golpe contundente” a la institución, que mostró su vulnerabilidad y puso en una “fuerte disyuntiva” a Granera.
“Pelea por lo que resta de institucionalidad y se expone a ser retirada por el Presidente o se pliega a lo que dice Ortega”, agrega Orozco. De suceder lo primero, Granera queda expuesta a lo establecido en el artículo 89 de la Ley 228 de la Policía Nacional, que en su acápite 1 afirma que el Presidente podrá destituir al jefe del órgano policial por “insubordinación”. “Queda a criterio del Presidente lo que considera como insubordinación”, dice Orozco, porque la ley no lo especifica.
Si Granera decide mantenerse dócil ante los “movimientos estratégicos” de Ortega, daría el “tiro de gracia” a la profesionalidad de la Policía Nacional, que correría el riesgo de convertirse en un órgano partidario utilizado con fines políticos. Para los analistas lo que decidirá este escenario sería un posible nombramiento como subdirector de la Policía al comisionado general Francisco Díaz.
El martes pasado, grupos afines al gobierno de Daniel Ortega se convirtieron en la nueva autoridad en las calles de Managua. Fueron ellos quienes reventaron una marcha de la oposición en protesta por el fraude electoral denunciado tras conocerse los resultados de los comicios del 9 de noviembre, requisaron automóviles, impidieron la cobertura de los medios de comunicación y la libre circulación de los ciudadanos y atacaron a periodistas. Muchos han calificado de pasiva la actuación de la Policía Nacional tras este tipo de acontecimientos. Aminta Granera salió en defensa de la institución y afirmó que la Policía ha evitado actuar de forma violenta y se ha centrado en proteger la vida de las personas.
“Comprendo la frustración de los sectores de la población que no pueden hacer uso de su derecho a movilizarse. En esta complejidad en que estamos, tenemos que actuar con una dosis de temple, de responsabilidad para evitar un baño de sangre en Nicaragua. Los problemas políticos no deben resolverse a través de la fuerza policial”, dijo Granera.
Para los analistas la pasividad de la Policía ante la violencia callejera es el resultado de la crisis política por la que atraviesa esta institución. Un experto consultado para este reportaje afirmó que ha sido el mismo presidente Ortega quien ordenó a la jefa de la Policía que no actuara contra los grupos afines al Gobierno. Esa supuesta impunidad ha afectado uno de los pilares de los que se venía enorgulleciendo la Policía: la seguridad ciudadana.
“La crisis actual afecta la seguridad ciudadana, tiene consecuencias sobre el orden público. La respuesta estrictamente policial ante tales problemas solamente los agrava”, afirma el comisionado en retiro Francisco Bautista Lara. “El rol policial en este contexto es crítico, fácilmente puede ser señalado por exceso o defecto por uno u otro grupo. Su rol debe limitarse a un simple “catalizador” de la violencia para evitar en lo posible que escale a mayores niveles, evitar daños contra la vida y la propiedad”, explica Lara.
El experto afirma que hasta ahora la Policía ha sabido mantener una “organización relativamente estable y profesional”, pero la intervención del órgano en los conflictos políticos que sufre el país tras los resultados de las municipales, pueden “desgastar, deteriorar” a la Policía y afectar su desempeño en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. El querer utilizar a la Policía “para todo”, dice Lara, “dispersa su labor”.
“El hecho de que las circunstancias en algún momento las desborden, no significa falta de voluntad para cumplir con su deber”, explica por su parte el político Edmundo Jarquín. “La Policía ha sido colocada en un conflicto de intereses, pero está haciendo grandes esfuerzos para evitar un derramamiento de sangre, para proteger algunos puntos críticos y para defender su institucionalidad.”
La crisis actual, sin embargo, ha puesto en juego el reconocimiento público de Aminta Granera, logrado por los golpes dados al narcotráfico desde el inicio de su gestión. Algunas encuestas la llegaron a señalar como posible sucesora de Daniel Ortega en el FSLN, sólo superada por el actual Alcalde de Managua, Dionisio Marenco, uno de los personajes mejor valorados en el país. Ahora la Primera Comisionada está pasando por las peores horas al frente de la Policía. Granera está, en palabras de un experto, “con la pistola en la cabeza”.
