Si nos atenemos al precepto ético-jurídico de Marco Tulio Cicerón (106-43 antes de Cristo), de que “la justicia es reina y señora de todas las virtudes”, en Nicaragua la justicia es una dama que ha sido desvirtuada por la política y prostituida por la corrupción. En realidad, esto es lo menos que se puede decir ante los vergonzosos acontecimientos que han ocurrido durante las últimas semanas en el seno del Poder Judicial.

Como se sabe, el escándalo de la Corte Suprema de Justicia y la situación de “anarquía judicial” —como la calificó en una comparecencia por televisión el ex presidente del supremo tribunal y actual miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA, doctor Alejandro Serrano Caldera—, se precipitó a raíz de que el gobierno privatizó en condiciones poco transparentes el 40% de las acciones de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), lo que fue políticamente cuestionado y legalmente impugnado por el alcalde sandinista de Managua, Herty Lewites.

Pero la causa verdadera de la crisis del Poder Judicial y de que en Nicaragua “el derecho no ande derecho”, como dijo a LA PRENSA otro ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Roberto Argüello Hurtado, es que la administración de justicia ha sido politizada por el pacto libero-sandinista o Alemán-Ortega de 1999.

En realidad, el pacto entre los dos partidos políticos más grandes del país provocó un terrible daño a todas las instituciones del Estado y hasta amenaza las perspectivas de una continuidad normal del proceso democrático que se inició en 1990, como se está viendo ahora en la angustiosa disyuntiva electoral que se resolverá en los comicios del 4 de noviembre. Pero el daño inmediato y directo más desastroso del pacto libero-sandinista es la repartición de la administración de justicia entre los dos partidos pactistas, ya que el Estado de Derecho y por lo tanto la democracia se basan, fundamentalmente, en la existencia de un Poder Judicial ejercido por magistrados independientes. Por el contrario, cuando la justicia se subordina a las conveniencias y las pasiones de los políticos o a cualquier otra forma de intereses creados, se convierte en lo que Montesquieu calificó como el “poder malévolo”.

En realidad, los problemas que sufre la administración de justicia en Nicaragua son muchos y de diversa índole, desde la tradicional retardación de justicia que es un mal universal, hasta el tráfico de influencias y la corrupción cotidiana. Pero sin dudas que el peor de todos sus problemas es la politización, la repartición partidista de los cargos, la falta de profesionalismo e independencia de magistrados y jueces causada o agudizada por la implementación del pacto libero-sandinista.

Ahora bien, si la causa de los males del Poder Judicial es su politización, no cabe ninguna duda de que el remedio es despolitizarlo. O sea, que para restablecer la dignidad de la justicia —lo que es absolutamente indispensable para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho y la estabilidad de las instituciones— se debe incorporar a la Corte Suprema de Justicia a juristas independientes, profesionales, probos, eficientes y ajenos a los partidos políticos. Esas personas existen. No es cierto, como dicen los magistrados partidistas para justificar sus deplorables actuaciones, que todos los profesionales del Derecho están comprometidos con alguna causa política y partidista.

El próximo año, cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia terminarán el período para el que fueron escogidos por la Asamblea Nacional. Esa podría ser una magnífica oportunidad para llevar a la Corte juristas independientes, íntegros y capaces, que sean escogidos en función de sus méritos profesionales y su probidad, no por su filiación política ni por sus afinidades ideológicas.

Por su parte, los tres candidatos presidenciales se han comprometido a sanear el Poder Judicial y han hablado, inclusive, de despolitizar la Corte Suprema de Justicia. Eso significaría abolir el pacto, pero el problema es que los dos partidos que tienen la posibilidad de ganar las elecciones del próximo 4 de noviembre son los mismos que pactaron precisamente para repartirse el botín del Estado y despojar de sus virtudes a la justicia. De manera que sólo de ellos mismos dependerá que se hagan o no los cambios que se requieren para devolver sus virtudes a la justicia.  

La reina desvirtuada