Esta semana estuvo de visita en Nicaragua el vicepresidente de la Internacional Liberal, Carlos Alberto Montaner, invitado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) para dictar una conferencia y hacer varias presentaciones en televisión. Pero el señor Montaner, además de líder político liberal a nivel internacional es también un exitoso escritor y periodista cubano-español cuya columna semanal publican periódicos de diversos países hispanoamericanos, entre ellos LA PRENSA de Nicaragua.

Durante las presentaciones de Montaner en algunos programas de televisión, la pregunta más importante que le hicieron fue la de por qué LA PRENSA no publicó uno de sus artículos recientes, titulado “¿Por quién usted votaría si fuera nicaragüense?”, artículo que sin embargo pudo ser leído en los periódicos electrónicos de otros países, o por quienes recibieron alguna de las numerosas copias impresas que circularon en ciertos círculos del país, y por los lectores de los diarios (incluyendo a LA PRENSA) que lo publicaron en campos pagados.

La respuesta de Montaner, lógica y correcta, fue la de que es potestad de cualquier periódico y por lo tanto de LA PRENSA decidir qué artículo se publica o no, de acuerdo con sus criterios editoriales. Eso es absolutamente correcto. Sin embargo, por el interés que motivó nuestra decisión de no publicar ese artículo y por las preguntas al respecto que nos han hecho algunos lectores, estimamos necesario y oportuno explicar lo siguiente:

LA PRENSA no publicó el mencionado artículo de Carlos Alberto Montaner porque consideramos que el planteamiento sobre el caso que motivó la acusación de la señora Zoilamérica Narváez contra el secretario general y candidato presidencial del FSLN, Daniel Ortega Saavedra, se podría interpretar como publicación de una imputación de delito, en contravención de nuestro Código de Ética y del artículo 34, inciso 1) de la Constitución Política de la República de Nicaragua, según el cual toda persona acusada de cualquier delito tiene derecho a que se presuma su inocencia “mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.

Además, la señora Narváez pidió públicamente en el mes de julio pasado que su problema, y por lo consiguiente su nombre y su persona, no fueran usados durante la campaña electoral, y LA PRENSA respeta esa voluntad de Zoilamérica de la misma manera que los partidos políticos y los medios de comunicación en general la han respetado hasta ahora.

Algo completamente distinto es que en las ocasiones en que Zoilamérica Narváez, por su propia, expresa y libre voluntad ha planteado públicamente su dramático caso en los medios de comunicación, en la Asamblea Nacional, en los organismos defensores de los Derechos Humanos, ante representantes de la comunidad internacional, etcétera, LA PRENSA ha considerado necesario expresar su opinión editorial.

Al respecto, cuando ha sido necesario hemos dicho que el diputado Daniel Ortega debería renunciar a su inmunidad y comparecer ante el tribunal competente, para demostrar su alegada inocencia o para recibir el merecido castigo que le imponga la justicia si es que ésta lo encuentra culpable. Hemos demandado a la Asamblea Nacional que suspenda la inmunidad del diputado Ortega, en virtud de que éste no quiere renunciar a ella, de acuerdo con la Ley de Inmunidad. Hemos criticado a la mayoría parlamentaria que integran los diputados del gubernamental PLC y sus aliados, porque no han querido promover el desafuero de Ortega, por razones que no son del conocimiento público. Y hemos criticado también al FSLN por empecinarse en la candidatura del señor Ortega, a pesar de la grave acusación de su hijastra Zoilamérica Narváez, acusación que no se ha dilucidado legalmente porque debido a la inmunidad el acusado es intocable por la justicia.

De manera que fue por razones de ética que no publicamos el artículo de Carlos Alberto Montaner, como se lo explicamos a los funcionarios del gobierno y de la campaña electoral del PLC que nos pidieron publicarlo en la página de Opinión. Y son esas mismas consideraciones éticas las que invocamos ahora para pedir a Zoilamérica su comprensión de las razones que nos han obligado ahora a referirnos al caso, a pesar de su petición expresa de que no se planteara públicamente durante la campaña electoral.  

Sobre el artículo de Montaner