El escandaloso pleito personal y judicial entre el presidente Arnoldo Alemán y el empresario cubano-norteamericano Ricardo Más Canosa, quien ha proferido públicamente graves acusaciones e insultos contra el Primer Magistrado de la nación, debería hacer reflexionar a la clase política en general y a los gobernantes en particular, acerca de la imperiosa necesidad de enfrentar y superar la crisis de valores que hay en los poderes públicos y que corroe los cimientos de toda la sociedad.

Lo malo y preocupante no es que alguien denuncie o acuse al Presidente públicamente y ante los tribunales de justicia. Aunque no es usual, lo cierto es que en cualquier país libre y democrático donde prevalece el Estado de Derecho y nadie —ni siquiera el gobernante— está por encima de la ley, los funcionarios públicos de todas las categorías pueden ser denunciados públicamente y acusados en los tribunales de justicia, si hay méritos para ello. Y los tribunales resuelven el caso de conformidad con las pruebas aportadas a favor y en contra, y de acuerdo con la ley.

Eso no justifica, por supuesto, que la persona acusadora se exprese de manera ofensiva e injuriosa contra el funcionario acusado, y mucho menos contra el Presidente de la República, quien al margen de simpatías, antipatías o indiferencias políticas representa y simboliza la dignidad de la nación y merece por lo tanto el debido respeto de todas las personas, tanto nacionales como extranjeras.

Sin embargo, así como el Presidente debe ser respetado por los ciudadanos, inclusive por sus adversarios y por quienes tienen motivos de pleito personal y judicial contra él, también éstos merecen ser tratados respetuosamente por el gobernante. Además de que, por su investidura política e institucional y por la dignidad nacional que representa, el Presidente de la República no debe involucrarse como cualquier persona común y corriente en las mezquindades de la política partidista ni en las actividades empresariales particulares.

En nuestro ambiente cultural y político que todavía está muy atrasado —y que en ciertos aspectos, como el de los principios y valores, más bien ha retrocedido—, es común y corriente escuchar a altos funcionarios públicos, incluyendo al Presidente de la República, asegurar que en su carácter de ciudadanos tienen tanto derecho como los demás a participar en la política partidista y en los negocios económicos que sea.

Pero eso no es cierto. El Presidente de la República no puede andar involucrado en los asuntos de un partido, o sea de una parte de los nicaragüenses, ni en actividades de lucro personal, como son los negocios, y mucho menos en los pleitos de juzgados como cualquier hijo de vecino. El gobernante, señaló el eminente filósofo y sociólogo alemán Max Weber (1864-1920), debe conciliar la ética de los principios con la ética de las responsabilidades. O sea que debe ser una persona con la suficiente autoridad moral, capacidad, talento y prudencia para manejar las inevitables contradicciones y conflictos que se plantean dentro de la sociedad y en las relaciones cotidianas de los ciudadanos con el poder.

En realidad, la persona que gobierna tiene que saber negociar con las partes en conflicto y evitar que éstas degeneren en crisis, lo cual, definitivamente, no lo puede hacer una persona que además de ejercer el poder político y administrativo de la nación, también se involucra en vulgares pleitos de juzgado y se mete en cualquier clase de controversias partidistas y en los negocios económicos que corresponden a los particulares.

Como es muy bien sabido, al presidente Alemán sólo le quedan cuatro meses en el poder y es inútil seguir pidiéndole que se comporte más en consecuencia con la dignidad que representa. Sin embargo, la oportunidad es propicia para reflexionar sobre la necesidad de rescatar la convicción de que los principios y los valores morales, especialmente la honestidad, la buena educación y la modestia, son esenciales en el ejercicio del poder.

La próxima escogencia de un nuevo Presidente debería ser la oportunidad para hacer un nuevo esfuerzo en el sentido de que los signos de corrupción, frivolidad e irrespeto entre gobernantes y gobernados desaparezcan del escenario político e institucional. Tenemos la obligación de intentarlo.  

La dignidad y el arte de gobernar