CIHD falla a favor de indígenas
Amalia Morales
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El Gobierno tiene la intención de cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), que favorece a la comunidad Mayangna Awas Tingni, según declaró la vicecancillera Bertha Marina Argüello.
Pese a que no le pareció ajustada la resolución de la CIDH, Argüello insistió en que hay disposición de acatar lo dispuesto.
En un hecho sin precedentes en Nicaragua y América Latina, la CIDH emitió por primera vez un fallo que beneficia a una comunidad indígena de la Costa Atlántica nicaragüense.
Ordenó al gobierno que en un plazo de un año invierta 50,000 dólares en obras públicas y servicios en esa comunidad, y 30,000 dólares para compensar los costos económicos que tuvo el pleito jurídico para los indígenas.
María Luisa Acosta, abogada que coordina el Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (CALPI), expresó que por primera vez un pueblo indígena llega a la Corte Interamericana por el reclamo de un derecho colectivo.
Comentó que ha habido otras querellas por violación a derechos individuales.
El pleito jurídico se originó en 1995, cuando bajo la Administración de Violeta Barrios de Chamorro, el gobierno concedió 62,000 hectáreas de bosque a la empresa de capital coreano Sol del Caribe S.A. (Solcarsa) para la explotación de madera.
Por presión internacional y de grupos locales ambientalistas e indigenistas el contrato se canceló.
La coordinadora de CALPI, explicó antes de ir a la CIDH, que las comunidades indígenas introdujeron cuatro recursos de amparo en contra de la concesión que había hecho el Gobierno, reclamando su derecho sobre la propiedad, pero los cuatro fueron rechazados.
Además de la inversión económica en Awas Tingni, el Gobierno tiene que demarcar los territorios indígenas. Varios proyectos de ley a favor de la demarcación duermen el sueño de los justos en la Asamblea Nacional.
“Nuestro actual sistema jurídico no responde a las necesidades de los pueblos indígenas”, destacó Acosta.
La Ley de Autonomía, que se aprobó en 1987, aún no está reglamentada. Falta que la dictamine la comisión de Asuntos Étnicos y de Gobernación. 
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