¿Dar al César lo que es de Dios?
Roberto J. Cajina
cajina@ibw.com.ni
En la década de los ´80 se criticó y fustigó, con justa razón, la confusión Estado-Partido-Ejército instaurada por el FSLN. Se trataba de un modelo de poder que reproducía, aunque con distinto signo ideológico, el esquema que la dictadura somocista impuso a Nicaragua por casi medio siglo con la bendición de la jerarquía católica y la santificación de Washington. Los límites eran irreconocibles. Tres instancias distintas y un solo poder verdadero. No había fronteras claramente definidas y los grupos opositores estaban en absoluta desventaja ante partidos armados que utilizaban los recursos del Estado para impulsar y asegurar la existencia de sus proyectos políticos. La dictadura en un caso, la revolución en el otro.
El triunfo electoral de Violeta Chamorro marca el inicio de la transición de un régimen autoritario de izquierda a un sistema democrático que, por cierto, se ha caracterizado más por sus imperfecciones, desaciertos e incompetencias que por sus logros, ya que hasta la fecha no ha sido capaz de satisfacer las necesidades básicas de una población que en una interminable cadena parece ir de una frustración a otra.
Imperfecciones, desaciertos e incompetencias aparte, lo cierto es que el trinomio Estado-Ejército-Partido fue desmantelado —parcialmente— y hoy la sociedad nicaragüense cuenta al menos con un Ejército Nacional profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante. Sin embargo, tan importante logro no fue acompañado de la necesaria modernización del sistema político, el remozamiento del sistema de partidos políticos ni el fin del poder político de la Iglesia Católica.
Por otra parte, salvo raras excepciones, tradicionalmente Nicaragua ha carecido de auténticos líderes civiles, y usualmente han sido civiles militarizados —José S. Zelaya, Emiliano Chamorro, Anastasio Somoza García e hijos, Daniel y Humberto Ortega, para citar sólo los casos más relevantes—, quienes se han erigido en dirigentes del país por la fuerza de las bayonetas, pretendiendo perpetuarse en el poder.
Como consecuencia de las debilidades del liderazgo civil, con la Administración Chamorro se revivió la vieja confusión entre el Estado y la Iglesia Católica, elevada a su máxima expresión por el gobierno de Arnoldo Alemán y la jerarquía de esa denominación religiosa, a contrapelo de uno de los principios cardinales de la filosofía liberal. En ambas administraciones ha sido innegable la connivencia entre un liderazgo civil débil y el indiscutible poder político de la jerarquía católica, en una especie de concordato de facto utilizado por el primero para tratar de legitimarse políticamente —e incluso legitimar o exculpar la corrupción— y para enfrentar y derrotar a sus adversarios en las contiendas electorales; y por la segunda, para aprovechar su intermediación, colocando en altos cargos públicos a laicos allegados personal o institucionalmente a la Iglesia, e incluso a sacerdotes en directivas de entes descentralizados en los que dicen “representar” a la “sociedad civil”, y que a pesar de carecer de la competencia profesional que corresponde reciben jugosas dietas, así como solicitar y recibir considerables partidas de dinero a título de donaciones extraídas de los fondos públicos, algunas justificadas incluso como “servicios prestados”.
Los roces entre el Ministerio de Educación y la jerarquía católica, en los que ésta trató de presentarse como víctima; las recientes denuncias —convenientemente amparadas al secreto de confesión— de una supuesta conspiración gubernamental para que el Vaticano jubile al cardenal Miguel Obando (que según el Derecho Canónigo ya debería estar jubilado); y las subsecuentes declaraciones de éste y de monseñor Bosco Vivas asegurando que las relaciones con el actual gobierno son “tensas”, pero que con la Administración Alemán fueron “fraternales” (¿se puede fraternizar con la corrupción?), obligan a una reflexión seria, responsable y serena sobre las relaciones Estado-Iglesia.
A mi juicio, el gobierno del presidente Bolaños no puede ser rehén de las preferencias políticas de los prelados católicos. Tampoco es saludable ni correcto que el Estado financie con fondos públicos a entidades religiosas, cualesquiera sea su denominación. En primer lugar, porque se viola el precepto constitucional que asegura el carácter no confesional —laico— del Estado nicaragüense; en segundo, porque la entidad religiosa beneficiada por la “generosidad” de políticos que ejercen funciones públicas queda comprometida con sus benefactores, lo que inevitablemente la aleja de su elevada misión evangelizadora y distorsiona la sana competencia política, en tanto los líderes religiosos quedan obligados, por agradecimiento, a terciar a favor del benefactor y en contra de los adversarios de éste; y en tercero, porque los “filántropos” —consagrados por la Iglesia Católica— sienten que ésta ha puesto en sus manos una patente de corso para hacer y deshacer “contra viento y marea”, y que sus malas acciones ni siquiera serán consideradas como pecados veniales por sus favorecidos.
Hasta ahora ha sido más que evidente que en sus declaraciones dominicales o en cualquier día de la semana las autoridades religiosas se han cuidado bien de no herir las susceptibilidades de sus mecenas. Cuando se les pregunta sobre la mala actuación de éstos, siempre hay una excusa, se alega ignorancia de los hechos, o falta de competencia para emitir un juicio. Desde cualquier ángulo que se mire, esta conducta no es ética ni moral, y mucho menos religiosa. Jesús expulsado a latigazos del templo por los mercaderes de la política y los sumos sacerdotes de nuevo cuño. La Casa de Oración del Señor convertida en cueva de ladrones, donde los corruptos disfrutan a sus anchas de la inmunidad teologal recibida a cambio de regalías materiales.
De no ponerse fin a la confusión Estado-Iglesia, que es una versión no menos perversa que la histórica confusión Estado-Partido-Ejército que antes privó en Nicaragua, estaremos acentuando un vergonzoso expediente de simonía política —el trueque de indulgencias y legitimaciones políticas a cambio de privilegios económicos—, y quienes pueden y deben terminar con esta práctica nefanda son los mismos líderes de las entidades religiosas que a cambio de dádivas nada espirituales sacralizan un quehacer político no pocas veces pérfido y absuelven de antemano prácticas corruptas e inmorales.
Todo parece indicar que las palabras del Maestro han sido tergiversadas para dar al César lo que es de Dios, y poner a Jesús a jugar en la misma mesa en la que apuesta Barrabás.
El autor es historiador y consultor civil en Seguridad y Defensa. 
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