Trabajadores de Geosa ganan batalla laboral
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El Mitrab admitió recientemente el pliego de peticiones de los trabajadores de Geosa. |
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Gabriela Roa Romero
gabriela.roa@laprensa.com.ni
La Inspectoría general del Ministerio del Trabajo (Mitrab) se pronunció a favor de los trabajadores de la empresa Generadora Eléctrica de Occidente S. A. (Geosa), al admitir un pliego de peticiones que busca mejorar las condiciones laborales y exigir el cumplimiento de las prestaciones sociales.
Desde mediados de febrero, la Junta Directiva del sindicato de trabajadores “Jorge Castellón Peña” presentó un pliego de peticiones dirigido a la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), Geosa y Coastel Technology Nicaragua S.A. futuros dueños de Geosa.
Sin embargo, la inspectoría departamental de León respondió que hasta que presente el documento en forma “se proveerá”, es decir, que les regresó el pliego de peticiones y no le dio curso.
Los trabajadores apelaron ante el inspector general Emilio Noguera, quien emitió una resolución donde expresa que no existe razón jurídica para negar el pliego de peticiones que presentaron los trabajadores contra Geosa, “porque es evidente que existe un conflicto colectivo entre las partes”, dijo Noguera.
En su resolución, Noguera manda a que se revoque el auto resolutivo del inspector departamental del trabajo de León y se trasladen todas las diligencias creadas a la dirección de conciliación colectiva del Mitrab, para que con la mayor brevedad posible inicie el proceso de negociación.
Los trabajadores solicitan, entre otras cosas, la revisión del Convenio Colectivo, en vista de que las condiciones del trabajo han variado a causa de una nueva relación laboral, y que se garantice que las autoridades de Enel y la empresa adquirente cumplan con los acuerdos suscritos con el sindicato.
Asimismo, proponen que se realice una revisión del salario de los trabajadores y se cumpla con las prestaciones sociales en la forma que establece la ley.
Recientemente los trabajadores de Geosa expresaron su inquietud por el pago de sus prestaciones sociales y laborales, de cara al proceso de privatización de la empresa. 
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