Acusan a representantes de Comité Pro Vida
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 | Violeta Delgado y Ana Quiroz promueven juicio por injurias en contra de cinco representantes de ese organismo |
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Ana Quiroz y Violeta Delgado, de la Red de Mujeres Contra la Violencia. (LA PRENSA/ ARCHIVO) |
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Ary Neil Pantoja
aryneil.pantoja@laprensa.com.ni
Las representantes de la Red de Mujeres Contra la Violencia, Ana Quiroz y Violeta Delgado, acusaron ayer por injurias a Rafael Cabrera Artola, Élida Solórzano, Roberto Rojas, Armando José Obando Centeno y Adolfo Martínez Campos, quienes en representación del Comité Nicaragüense Pro Defensa de la Vida, pidieron públicamente la expulsión de éstas del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes).
El proceso judicial quedó radicado en el Juzgado Segundo Local del Crimen de Managua, y según Delgado y Quiroz exigirán a los acusados que se retracten públicamente de lo que dijeron en un comunicado emitido por dicho Comité, integrado por la Asociación Nicaragüense Pro Vida (Anprovida), la Asociación Nicaragüense de la Mujer (Animu), la Alianza Evangélica de Nicaragua, el organismo Alfanic, la Asociación Médica Nicaragüense, Fundación Sí a la Vida y la Comisión Pastoral de Laicos.
“Nos preocupa que en el Conpes se encuentren nombradas personas como Ana Quiroz y Violeta Delgado, cuyas posiciones ante la violación al derecho a la vida son deplorables. Estas personas, por sus posiciones, parecen desconocer los valores morales y éticos de nuestra sociedad, y han demostrado desconocimiento de la identidad cultural nicaragüense”, dice parte del comunicado que publicó el Comité Pro Defensa de la Vida el pasado viernes 28 de marzo.
En referencia a Delgado y Quiroz, el comunicado agrega que “miembros de estas ONG actúan, promueven y publican supuestos derechos, actos y conductas contrarios a nuestras leyes vigentes y la Constitución, como el aborto, la homosexualidad y la descomposición de la familia natural compuesta entre hombre y mujer”.
Es con base en este contenido que Delgado y Quiroz promovieron el juicio por injurias en contra de los firmantes del comunicado. Al presentarse a los juzgados capitalinos, ambas ciudadanas llegaron acompañadas de representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y del abogado Sergio García Quintero.
Quintero dijo que primero tratarán de llegar a un acuerdo amistoso a través de un trámite de mediación. Agregó que, de no lograr acuerdo alguno, el proceso judicial continúa hasta llegar a una sentencia, y que de ser hallados culpables, los acusados podrían verse obligados a pagar hasta 75,000 córdobas de multa conforme al Código Penal vigente. 
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