Cordero y Calderón deberían responder ante justicia penal
 | Jurista Sergio García Quintero considera que hubo varios delitos |
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José Adán Silva y Luis Felipe Palacios
nacionales@laprensa.com.ni
Aunque el proceso de investigación sobre el desvío de armas de la Policía Nacional a paramilitares colombianos apenas comienza, desde ya los expertos juristas han comenzado a detectar una serie de delitos que, de confirmarse, podrían llevar a la destitución y hasta a la cárcel, a los miembros del Ejército y de la Policía Nacional involucrados en el hecho.
Antes, el ex procurador penal especial Alberto Novoa señaló la presunción del delito de fraude en perjuicio del Estado de Nicaragua, al haberse desviado y malversado bienes del Estado (las armas) sin ningún control de las autoridades encargadas de la seguridad nacional.
Esta vez le corresponde al penalista Sergio García Quintero, asesor legal de la Policía Nacional, para quien “a simple vista hay más de tres delitos en el caso”, donde más de 3,000 fusiles AK y 2.5 millones de municiones, que eran propiedad del Ejército de Nicaragua, fueron cambiados por la Policía Nacional y terminaron en poder de paramilitares colombianos.
DELITO AQUI Y ALLA
“El hecho propio de traficar armas sin estar autorizado para tal fin constituye un delito que no encaja sólo dentro del orden nacional, sino que también es un grave delito de orden internacional”, dijo García.
El penalista señala también que se pudo haber cometido el delito de asociación para delinquir, al asociarse varios funcionarios en una actividad donde se produjo un delito, sin que nadie lo advirtiera o denunciara.
Además, comparte la visión extraoficial de la Fiscalía General de la República, que señala que en este caso se “puso en peligro de la paz de Nicaragua”, según el Código Penal en su artículo 546, capítulo II, de la sección de “Delitos que comprometen la paz de la República”.
Según el jurista, las instituciones involucradas en el caso violaron disposiciones administrativas de la Contraloría General de la República, así como de la Ley de Contrataciones del Estado.
Sobre este aspecto el contralor colegiado Luis Ángel Montenegro fue categórico al afirmar que, efectivamente, hubo serias anomalías de la Policía Nacional en la permuta de las armas, al violentar, entre otras cosas, la autorización de la exclusión de procedimientos que la Contraloría les emitió, y cederle tal disposición al Ejército de Nicaragua, sin reportar el hecho a la CGR.
Según el penalista Sergio García Quintero, ni el primer comisionado Edwin Cordero, ni el general retirado Roberto Calderón, ni otros militares involucrados en el escándalo deberán ser sometidos a procesos judiciales militares, ya que a su juicio, la naturaleza de los delitos que posiblemente se cometieron en este caso son de competencia común. “Yo sugiero incluso que el Ejecutivo deje de ser negligente y suspenda durante la investigación a las personas involucradas, como el comisionado Cordero, para evitar que interfieran en las investigaciones. Dejarlos en sus cargos, siendo ellos parte investigada, es como poner al ratón a cuidar el queso”, dijo el jurista.
COLOMBIA OFRECE INVESTIGACION CONJUNTA
Colombia propuso a Nicaragua realizar una investigación conjunta para esclarecer el desvío de armas nicaragüenses que terminó en manos de las Autodefensas Unidas de Colombia, informó ayer el vicecanciller Salvador Stadthagen.
La propuesta fue hecha al canciller nicaragüense Norman Caldera Cardenal por su homóloga de Colombia, Carolina Barcos Isaakson, durante el marco de la Tercera Conferencia Interamericana contra el Terrorismo desarrollado en El Salvador, foro auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
De acuerdo con Stadthagen, ambos funcionarios se comprometieron —de forma preliminar— a integrar una comisión binacional para tratar de esclarecer el trasiego ilegal de armas que afectó a ambos países.
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