Para impedir el rechazo al veto al Presupuesto que tal como fue aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre pasado rompe los acuerdos de Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional, el presidente Enrique Bolaños acordó dictar más impuestos a los vehículos automotores, las operaciones bancarias y el consumo de cigarrillos, que serán aplicados antes de la reforma tributaria que se planea aprobar en la segunda mitad de este año.

Según las cuentas del Gobierno, con los ingresos adicionales que producirían los nuevos impuestos urgentes, se financiarán los aumentos salariales y otras asignaciones presupuestarias que aprobaron los diputados a favor de algunos sectores de empleados públicos e instituciones de su preferencia política, sin que hubiera dinero para financiarlos.

Pero el argumento de que este inopinado aumento de impuestos es para el beneficio social y para proteger la salud de los nicaragüenses, particularmente de los fumadores, es inconsistente, por decir lo menos. En realidad se trata de una medida política que en vez de procurar beneficios económicos y sociales traerá más daños y perjuicios al país.

El presidente Bolaños y su ministro de Hacienda, quienes antes de entrar a la lucrativa “industria” de la política gobernante formaban parte de la empresa privada, saben muy bien que para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social lo que se necesita es reducir los impuestos, bajar los costos operativos, atraer las inversiones y facilitar el trabajo que crea riqueza; y saben también que aumentar los impuestos produce efectos completamente negativos.

Obligar a la gente que trabaja, produce y crea riqueza a que pague más impuestos para financiar aumentos de salarios y beneficios de la burocracia, es sin dudas una claudicación del presidente Bolaños a la política populista y socializante de castigar a quienes logran tener un relativo éxito empresarial y laboral gracias a su inteligencia, preparación y dedicación al trabajo; y de premiar la mediocridad, la ociosidad y el atraso con el cuento demagógico de que hay que distribuir el ingreso de manera equitativa y solidaria.

Los gobernantes saben muy bien que la gente de más bajos ingresos sólo podría mejorar sus ingresos y nivel de vida con más inversión privada —nacional y extranjera— que es la única que crea empleos productivos y produce riqueza. En cambio, obligar a las personas de ingresos medianos y mayores a bajar en sus estándares económicos, es hacer lo mismo que se hizo durante la revolución sandinista “de orientación socialista”, o sea igualar a toda la gente en el nivel social más bajo y repartir la miseria entre todos los nicaragüenses, salvo los miembros de la “nomenclatura” revolucionaria que tenían todos los fondos, propiedades y bienes del Estado a su disposición.

El Gobierno no resolverá los problemas presupuestarios aumentando los impuestos. Más bien va a desincentivar la inversión privada, a reducir el consumo y alentar la evasión y el contrabando, porque ningún consumidor acepta de buen grado que lo obliguen a pagar más. Como hemos dicho en otras ocasiones, no se necesita saber mayor cosa de ciencias económicas para comprender que el incremento de los impuestos provoca reacciones adversas de los sectores productivos, introduce más distorsiones financieras, incrementa la inequidad, ahuyenta las inversiones y produce efectos inflacionarios, pues los nuevos y mayores impuestos se trasladan a las ventas, suben los intereses bancarios, encarecen los costos en general, etc.

Los gobernantes saben que lo que se debe hacer, es más bien bajar los impuestos y obligar a quienes no los pagan (por ejemplo, el Ejército) a que cumplan esa obligación. Además, hay que corregir los crónicos defectos de la administración pública, simplificar los trámites burocráticos y establecer niveles tributarios más ajustados a la realidad, orientados a ensanchar la base de contribuyentes y a estimular el ahorro y la inversión, para impulsar el crecimiento económico y la creación de más empleos en el sector privado.

Se sobreentiende que es obligación primordial del Estado velar por la distribución del ingreso. Sin embargo, para distribuir la riqueza equitativamente primero hay que crearla. No se puede repartir lo que no se tiene, salvo que se esté compartiendo la fracasada “estrategia” económica y social de los años ochenta, de igualar en la pobreza a todos los nicaragüenses, menos a los líderes del Gobierno.  

Más impuestos, menos economía