Costa Rica minimiza sanción
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Canciller tico dice que “no vamos a firmar” acuerdo para proteger a los soldados estadounidenses
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Colombia, en cambio, busca cómo recuperar la ayuda militar que le
cortó el gobierno de Bush
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AP
SAN JOSE Y BOGOTA.- Las autoridades costarricenses desestimaron el impacto que causará al país la decisión de Estados Unidos de suspender la ayuda militar.
El gobierno norteamericano anunció la sanción para 34 países que no apoyan un convenio que dejaría a los soldados estadounidenses fuera del ámbito de acción de la Corte Penal Internacional (CPI).
En el caso de Costa Rica, el canciller Roberto Tovar y el ministro de Seguridad Rogelio Ramos, coincidieron en que el país no recibe “gran ayuda militar de Estados Unidos’’.
“Si se suma esa ayuda, serían unos 500.000 dólares al año’’, detalló Tovar. Costa Rica abolió el ejército en 1848 y las labores de defensa son realizadas por la Policía.
El canciller explicó que el apoyo de Costa Rica a la Corte se debe entender en que se trata de un tema de derechos humanos.
Además, recordó que “Costa Rica fue pionero y fundador de la Corte, en la que el país cuenta hasta con una juez (Elizabeth Odio)’’.
“Nosotros no podríamos, no podemos y no vamos a firmar un acuerdo bilateral, puesto que iría contra la obligación que tiene el país en el orden multilateral, además de ser un asunto de principios’’, agregó Tovar.
Para el canciller, se puede entender que Estados Unidos quiera protegerse de cualquier arbitrariedad o persecución en la seno de la CPI, no obstante, aseguró que “el país nunca se prestaría para eso’’ y además, subrayó que para Costa Rica es una cuestión de principios de derechos humanos.
Ramos aclaró que el convenio de patrullaje conjunto que se mantiene con Estados Unidos no se vería afectado con la decisión, ya que no se trata de ayuda militar, sino de programas contra narcóticos.
URIBE BUSCA SALIDA
En cambio, el gobierno de Colombia busca una solución para normalizar el flujo de ayuda militar desde Estados Unidos, luego que Washington anunció la suspensión de esa cooperación ante la negativa de Colombia a suscribir un acuerdo que exima de responsabilidad a los ciudadanos estadounidenses frente a la Corte Penal Internacional (CPI).
“Lo que tiene que hacer el gobierno es continuar el diálogo con los Estados Unidos, examinando opciones y teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico de ambos países’’, dijo el presidente Alvaro Uribe.
La decisión del Departamento de Estado afecta de inmediato la entrega de unos cinco millones de dólares de un paquete de unos 100 millones en ayuda directa a las fuerzas armadas colombianas para el año 2003, que ya ha sido girado casi en su totalidad.
COLOMBIA DEPENDE
800 efectivos estadounidenses, entre militares y contratistas privados, existen como máximo en Colombia. Ellos tienen prohibido participar en acciones bélicas.
130 millones de dólares espera recibir Colombia en el 2004, del gobierno de Estados Unidos, fondos que ahora pueden estar en riesgo
1962. En ese año Colombia accedió a darle inmunidad a los militares y contratistas civiles estadounidenses, por lo que ahora las autoridades colombianas consideran innecesario un nuevo acuerdo con Washington.
LE CORTAN INTELIGENCIA
Estados Unidos suspendió la entrega a Colombia de cinco millones de dólares, que estaban destinados a inteligencia técnica para las fuerzas de seguridad de ese país sudamericano. Instructores militares estadounidenses comenzaron a entrenar este año a tropas de la brigada XVIII del ejército colombiano en la protección de la infraestructura petrolera, en los llanos orientales, blanco de ataques guerrilleros.
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