Notifican a Calderón en caso de camión del CSE
Consuelo Sandoval
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El contralor Guillermo Argüello Poessy confirmó ayer que un equipo de profesionales inició una auditoría especial en el Consejo Supremo Electoral (CSE), referida específicamente al uso y disposición de medios de transportes por parte del magistrado Silvio Américo Calderón Guerrero.
“En este proceso, desde que se inicia, se notifica a la persona auditada. Ya don Silvio Américo fue notificado, no puede iniciarse un proceso de auditoría si el auditado no lo conoce. Ya verificaron que el vehículo es del CSE”, aseguró Argüello.
Consultado, Calderón no quiso hacer ninguna declaración, se limitó a decir que desconocía la notificación y nos remitió al pleno de las autoridades del CSE.
Argüello prefirió no comentar sobre la resolución que deberá emitir el cuerpo colegiado conforme el informe que presenten los auditores, alegando que podría implicarse y ser recusado por la parte afectada.
Sin embargo, la Ley de Integridad Moral de los Funcionarios Públicos establece que “Se prohíbe a los servidores públicos usar el patrimonio del Estado para fines distintos del uso al que están destinados”.
Ateniéndonos a esa disposición legislativa, la CGR deberá aplicar una sanción posiblemente administrativa contra Calderón Guerrero, quien en su oportunidad confesó a LA PRENSA que utilizó un camión propiedad del Poder Electoral para trasladar desechos de materiales de construcción de su mansión que está siendo edificada en la Carretera a Masaya.
El pasado 13 de marzo, en la sesión ordinaria número 281, los cinco contralores colegiados aprobaron por unanimidad la realización de una auditoría especial sobre el uso y disposición de medios de transporte del CSE, decisión que fue comunicada el 18 del corriente mes al presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas.
Los contralores designaron para practicar la auditoría a un equipo de especialista integrados por Sonia Escobar Palacios, Directora de Auditoría; Róger Castillo Bendaña, supervisor; Carmen Martínez Flores y Jimmy Alexander Alvarado Aguilar, auditores; Xiomara Mendoza López, asesora legal, y Luis Rodríguez Jiménez, coordinador jurídico. 
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