Les decretan prisión por tráfico de armas
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La prisión preventiva impuesta ayer contra cuatro personas podrá ser revisada en la audiencia inicial.
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Mirna Velásquez Sevilla
nacionales@laprensa.com.ni
Cuatro personas acusadas de tráfico ilegal de armas deberán permanecer en prisión como medida cautelar dictada por la Juez Sexto Penal de Audiencias Margarita Romero.
La tarde de ayer el Ministerio Público acusó a Milton Hernández Peralta, César Castrillo Ramos, Melvin Enríquez Moncada y Pablo Martínez Bravo, señalados de transportar cargamento de guerra.
La juez Romero, después de analizar la acusación presentada por el fiscal auxiliar Javier Morazán, decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra los cuatro acusados para garantizar su presencia en el juicio y eficacia del mismo.
El fiscal narró frente a la juez que el 25 de mayo aproximadamente a las 9:30 a.m. los acusados se trasladaron hacia el barrio Villa Venezuela, en Managua, en una camioneta en la que transportaban dentro de un saco cuatro cajas metálicas que cada una contenía 700 cartuchos para fusil AK.
También se encontró en esa misma casa donde ingresaron esos objetos, una lanza granada M-69 más cinco cartuchos para esa lanza granada”, detalló el fiscal Morazán.
La defensa de los acusados centró sus argumentos para refutar la acusación en que la Ley 510 o Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, aprobada en febrero de 2005, permite a cualquier ciudadano portar armas de guerra hasta en agosto de este mismo año.
Arbel Medina, uno de los defensores, argumentó que dicha ley señala que no pueden ser procesadas las personas que estén en posesión de armas por un período de seis meses después de entrada en vigencia, tiempo designado para que quien tenga armas, las entregue a las autoridades encargadas: la Policía Nacional y el Ejército.
“El legislador nunca pudo haber pensado dar una amnistía para que las personas puedan conservar durante seis meses ese tipo de armas”, respondió el fiscal a los razonamientos del defensor.
Explicó que la Ley 510 da la oportunidad a quien posea armas, las entregue voluntariamente y bajo esos requerimientos y circunstancias, es diferente.
Hasta ahora, las investigaciones policiales no han logrado determinar cuál era el destino de las armas.
La juez Romero remitió el caso a una audiencia inicial para el 3 de junio próximo.
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